Constitución y seguridad nacional
El Ecuador vive una grave situación de emergencia y seguridad nacional, una situación sin precedente, en una constitución vigente gestionada por un partido político, gracias a una contribución de las FARC para sacar a la base de Manta, los delincuentes tienen todas las garantías para generar el caos que vive el país, el crimen prácticamente no tiene castigo, el delincuente tiene anonimato, arresto domiciliario, se integró a los Latin King en la política, se abrió las fronteras y la tabla de consumo de drogas.
Los GDO operan como empresa, reclutan a la delincuencia, son cerca de 80.000 hombres levantados en armas, los delincuentes son su brazo armado, pero ante la ley y la justicia, no son terroristas son juzgados como delincuentes comunes y en la mayoría de los casos quedan libres, si no hacemos nada el Ecuador quedará a merced de la delincuencia, tal como sucede en otros países de la región.
Los jueces Constitucionales deben tener sensibilidad, si bien interpretan la constitución, deben resolver situaciones excepcionales, como esta emergencia de seguridad nacional, el Ecuador no puede quedar a merced de este zoológico de bandas criminales, como Lobos, Águilas y Tiguerones. El presidente, fuerzas armadas y policía, necesitan de fuero especial y total independencia, para continuar el trabajo que hacen, bloqueado por la falta de recursos legales para combatirlo, esto ya sucedió en un gobierno anterior, con el Alfaro Vive, y su sucesor el Dr. Rodrigo Borja pudo decir: “el Ecuador es una isla de paz”.
Juan Orus Guerra
Reducir el número de asambleístas: “Menos escaños, ¿más democracia?
La propuesta de reducir el número de asambleístas mediante consulta popular ha encendido un debate que trasciende lo aritmético y se adentra en el corazón mismo de la democracia ecuatoriana: ¿puede una Asamblea Nacional más pequeña garantizar la igualdad ante la ley y la representación equitativa de nuestras provincias? ¿O es esta una jugada política vestida de eficiencia? La Constitución, en su artículo 11.2, es clara: todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esto se traduce, en el plano legislativo, en que cada provincia y región debe tener una voz justa y proporcional en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la realidad es compleja: provincias con mayor población obtienen más escaños, mientras que otras, menos pobladas, corren el riesgo de diluir su presencia política. Reducir el número de asambleístas podría traer un ahorro al erario, pero también podría generar un déficit de representación, sobre todo en territorios históricamente marginados. La tentación populista de prometer “menos políticos” para conquistar simpatías ciudadanas no debe eclipsar la necesidad de un análisis técnico y constitucional. Si la tijera legislativa se aplica sin criterio, la democracia puede quedar coja: menos voces significan menos matices, menos control, y más concentración de poder. Ecuador no es un país uniforme. Sus 24 provincias y 4 regiones no solo se distinguen por geografía, sino por culturas, economías y problemáticas propias. Un diseño legislativo que ignore esa diversidad corre el riesgo de construir un Parlamento que hable con acento centralista, dejando fuera las realidades de la periferia. En última instancia, la pregunta que debemos hacernos no es si queremos menos asambleístas, sino si queremos una Asamblea que represente mejor. La respuesta no se encuentra en la simple resta de curules, sino en un rediseño que garantice eficacia sin sacrificar pluralidad. Porque en democracia, la voz de todos no se mide por el ahorro que produce, sino por la justicia con la que se escucha. Y el tiempo sigue su marcha..!
Elio Roberto Ortega Icaza