“Enfermos tras las rejas: una deuda que el Estado ya no puede ignorar”
Las cárceles del país, se han convertido en un espejo incómodo de nuestras fallas como sociedad. Entre muros agrietados y pasillos insalubres, la tuberculosis, la insuficiencia respiratoria y otras enfermedades crónicas se propagan como una condena adicional para quienes ya cumplen una sentencia. La precariedad de los servicios médicos no es un accidente: es el resultado de años de abandono, presupuestos insuficientes y una indiferencia que se normaliza. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 32, reconoce que “la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos” y establece que la prestación de servicios de salud es responsabilidad primordial del Estado. Este mandato no distingue condición jurídica ni estatus social. De igual forma, el artículo 51 consagra que las personas privadas de libertad tienen derecho a una vida digna y a la atención integral en salud. No se trata de un gesto de benevolencia: es una obligación jurídica ineludible. Del mismo modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 5, ordena el respeto a la integridad física, psíquica y moral de quienes están bajo custodia del Estado. Y nuestra Corte Constitucional, en sentencias ejecutoriadas, ha recordado que cuando el Estado asume la custodia de una persona, asume también el deber reforzado de proteger su vida y su salud, pues estas personas no pueden acudir por sí mismas a un servicio médico. Cuando un gobierno permite que la enfermedad se vuelva norma en las cárceles, incurre en responsabilidad internacional y erosiona la esencia misma del Estado de derecho. Las prisiones no pueden ser antesala de muerte ni depósitos de personas enfermas sin atención. La pena privativa de libertad es la restricción de movimiento, no la privación de derechos fundamentales. El país necesita una política penitenciaria que ponga la salud en el centro, que garantice diagnósticos oportunos, infraestructura sanitaria y acceso a tratamientos. No es un acto de compasión: es el cumplimiento mínimo de los compromisos asumidos en la Carta de Derechos Humanos y en la propia Constitución La sociedad debe comprender que la dignidad humana no se suspende con una sentencia. Ignorar el sufrimiento tras las rejas no solo agrava la crisis penitenciaria: también debilita nuestra democracia y nuestra humanidad. La verdadera prueba de un Estado no se mide en sus discursos, sino en cómo trata a quienes no pueden alzar la voz. Hoy, las cárceles claman por justicia sanitaria; mañana, el juicio de la historia será ineludible. ¡Y el tiempo sigue su marcha..!
Elio Roberto Ortega Icaza