La coyuntura ecuatoriana revela, con crudeza, las contradicciones de un país atrapado entre la necesidad fiscal inmediata y la aspiración de una transición hacia un modelo económico más sostenible. La suspensión del proyecto minero Loma Larga, el paro nacional por el alza del diésel y la incertidumbre en torno al futuro del Bloque 43–ITT en el Yasuní evidencian la fragilidad de las políticas extractivas y la falta de una hoja de ruta coherente. Más allá de la polarización ideológica, lo que emerge es un dilema estructural: Ecuador necesita recursos frescos para sostener su economía, pero sus decisiones están marcadas por virajes abruptos, altos costos de oportunidad y la ausencia de consensos duraderos.
El caso del ITT resume de manera ejemplar lo que Manuel Echeverría ha denominado “macabras incongruencias”. El bloque, situado al margen del Parque Nacional Yasuní, ha sido objeto de una sucesión de propuestas y decisiones contradictorias. Primero, la iniciativa Yasuní-ITT, lanzada en el marco del gobierno de la Revolución Ciudadana, buscaba dejar bajo tierra 920 millones de barriles de crudo a cambio de aportes internacionales por 3 600 millones de dólares. Al fracasar la iniciativa por falta de aportes —pues ningún país estaba dispuesto a financiar el “no uso” de un recurso estratégico—, el mismo gobierno solicitó a la Asamblea Nacional declarar de interés nacional la explotación del bloque, bajo la promesa de usar los ingresos para reducir la pobreza, construir escuelas, hospitales y obras.
Una década después, el péndulo giró nuevamente. La Corte Constitucional admitió la consulta popular impulsada por Yasunidos, que preguntaba si los ecuatorianos estaban de acuerdo en mantener indefinidamente el crudo del ITT bajo el subsuelo. El referéndum, que debió ser local en las jurisdicciones y zonas de afectación ilegalmente, fue nacional. Resultó en un “sí” mayoritario y, en consecuencia, el Gobierno se vio obligado a conformar el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT (CEVP). Ello implica ahora desmantelar la infraestructura construida por Petroecuador valorada en 1983 millones de dólares, asumir costos de cierre de 1300 millones adicionales y renunciar a ingresos futuros estimados en 50 000 millones hasta 2043. El impacto supera los 55.000 mil millones de dólares, sin contar las consecuencias sociales para las comunidades indígenas beneficiadas de programas vinculados al bloque, ni el riesgo ambiental de que, sin presencia estatal, será objeto de tala forestal y minería ilegal
Este vaivén refleja una profunda debilidad institucional: decisiones estratégicas de país tomadas bajo lógicas políticas coyunturales, sin una planificación técnica ni consensos sólidos. Más allá del referéndum y sus controversias legales, la paradoja es evidente: mientras Ecuador renuncia a ingresos petroleros y mineros, simultáneamente enfrenta un déficit fiscal crónico, una deuda creciente y un gasto social creciente.
A esta situación se suma la crisis detonada por la eliminación parcial del subsidio al diésel. Durante más del medio siglo, los combustibles en Ecuador estuvieron subsidiados bajo el argumento de proteger a los pobres. Sin embargo, los datos del Banco Central revelan que entre 2010 y 2023 el país gastó más de 53 900 millones de dólares en subsidios, beneficiando desproporcionadamente a grandes consumidores y fomentando el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico. Solo el diésel representa más de 1100 millones de dólares anuales
Frente a este panorama, el petróleo vuelve a aparecer como la única válvula de escape a corto plazo. El cierre del Bloque 43 genera pérdidas inmediatas, mientras que el país sigue importando derivados por la precariedad de su sistema de refinación. La paradoja es clara: se exporta crudo barato y se importa combustibles caros. La falta de inversión en refinerías, gas y petroquímica ha impedido agregar valor y diversificar la matriz productiva, lo que perpetúa la dependencia.
Sin embargo, la respuesta no puede ser únicamente perforar más pozos. Como lo señalan expertos, incrementar la producción exige estudios técnicos de reservorio, aplicar recuperación secundaria en campos maduros, aprovechar de forma eficiente el gas asociado y atraer inversión privada bajo contratos más equilibrados. Petroecuador, sobrecargada y con limitaciones técnicas, debería concentrarse en un rol estratégico, delegando operaciones a compañías bajo reglas claras y transparentes. Sin una reforma legal, mayor seguridad jurídica y un plan integral, la reactivación petrolera solo será quimera.
El dilema ecuatoriano, en última instancia, es estructural. Apostar por el petróleo garantiza ingresos a corto plazo, pero perpetúa la “maldición de los recursos”: vulnerabilidad ante la volatilidad de precios, escasa diversificación y tensiones sociales y ambientales.