El retiro del subsidio al diésel ha desatado una ola de protestas, principalmente en el sector indígena y de transporte. Sin embargo, pese al ambiente de tensión, debe vislumbrarse un camino de entendimiento: el gobierno, reconociendo la legitimidad de la protesta por el alto costo de vida, y los sectores movilizados, asumiendo el compromiso de eliminar la violencia como herramienta de presión.
Por diferentes medios y estrategias, el gobierno ha colocado en la mente de los ecuatorianos la justificación económica para la eliminación del subsidio. Se ha insistido en la determinación del sacrificio fiscal, con la sola evidencia del monto periódico del subsidio causado, pero no se ha llegado a poner en evidencia los costos sociales, expresados en la disminución de la capacidad de consumo de la población, que provocará la medida tomada.
Pese a la aplicación del subsidio durante varias décadas, la pobreza en el Ecuador ha constituido un problema que no se ha enfrentado con entereza por ningún gobierno. Basta revisar los datos que revelan que la pobreza multidimensional afecta a 7 millones de ecuatorianos. De ellos, 5 millones viven con menos de 3 dólares al día y 2 millones con 1 dólar, es decir, que no tienen capacidad de ahorro y se consume menos.
Por tanto, es un error centrar la justificación de la eliminación del subsidio entregado por el Estado sin considerar que ello degradará el consumo, pues en estos días, a pocos de la expedición del Decreto, ya ha sufrido el crecimiento de los precios.
Al margen de las posiciones de las partes, el país requiere poner un alto a la situación beligerante que se ha dado con el encuentro de dos visiones opuestas sobre el problema. La clave para la solución está en la eficacia de la compensación social y la focalización económica de los fondos liberados, por sobre la revocatoria del decreto.
Solo mediante un plan económico viable y focalizado, y en un contexto de diálogo constructivo y libre de violencia, el país podrá transformar un conflicto recurrente en una oportunidad histórica para consolidar una política social más equitativa y eficiente.
La negociación debe centrarse en asegurar que los recursos liberados se traduzcan en un incremento real y sostenible de la capacidad de consumo de las familias más vulnerables. Las medidas compensatorias anunciadas por el Gobierno, deben transformarse de paliativos temporales en políticas de Estado permanentes, con transferencias monetarias directas. La ampliación del Bono de Desarrollo Humano (BDH)es el pilar de la compensación directa. Este mecanismo, al ser una transferencia en efectivo, permite a los hogares mitigar de forma inmediata el impacto inflacionario en la canasta básica. Es vital que el Estado perfeccione sus mecanismos de control para garantizar que el beneficio llegue exclusivamente a los estratos de pobreza y pobreza extrema.
La inversión social debe tener un real carácter estratégico, asignando recursos a sectores clave. Se debe asegurar el redireccionamiento de fondos a la salud (especialmente en la lucha contra la desnutrición crónica infantil), y a la educación intercultural, bilingüe y rural. Este gasto, además de ser socialmente justo, genera retornos de capital humano a largo plazo.
El diálogo con el sector productivo movilizado (transporte y agricultura) también requiere precisión para evitar que la compensación termine subsidiando el lucro. La compensación debe ser productiva, no lucrativa. En el transporte público la compensación debe enfocarse en asegurar que las tarifas no suban para el ciudadano. Las transferencias directas a transportistas deben ser transparentes, temporales y condicionadas a la inmovilización de tarifas. A su vez, se deben contemplar incentivos de chatarrización y créditos preferenciales para la renovación de flota por unidades más eficientes, reduciendo su dependencia futura del diésel.
El apoyo para pequeños productores de la agricultura y la pesca debe dirigirse a atacar la baja productividad y la ineficiencia. El enfoque debe ser aumentar la rentabilidad de las comunidades indígenas y campesinas para que el costo del flete tenga un impacto marginal en los precios finales de los alimentos.
La estrategia será viable solo si existe la voluntad política del Estado para mantener las transferencias sociales con los fondos liberados, y si se implementan mecanismos de control y evaluación permanentes.
Este costoso y lamentable episodio de conflicto, marcado por el uso de la fuerza y la violencia, debe ser la oportunidad crucial para una profunda toma de conciencia en la gestión gubernamental. El país no puede seguir navegando a base de medidas dispersas o decretos con viabilidad dudosa. Es imperativo que el Gobierno dé un cambio de giro y adopte políticas públicas rigurosas que atiendan las necesidades prioritarias del corto plazo y de las que darán frutos en el mediano y largo plazo. La consolidación de esta estrategia de compensación, con mecanismos de control y bajo criterios de prioridad nacional, es la prueba de fuego para demostrar que el Estado puede trascender la coyuntura y construir soluciones duraderas.