La marcha realizada en Cuenca este 16 de septiembre de 2025 refleja un mensaje claro: el agua es el bien más valioso para los habitantes de Azuay y debe ser protegida de manera prioritaria. La oposición ciudadana al proyecto minero Loma Larga, en la zona de Quimsacocha, expresa una preocupación legítima sobre el impacto de la actividad extractiva en las fuentes hídricas de la región.
El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier actividad minera cumpla con estándares técnicos y ambientales que no comprometan la salud de los ecosistemas ni de las comunidades. En un territorio de páramos, donde nacen ríos que abastecen a Cuenca, la vigilancia debe ser estricta, transparente y permanente.
“El desafío en Quimsacocha no es solo decir no a la minería, sino impedir que la ilegalidad destruya lo que se quiere proteger.”
Al mismo tiempo, cerrar la puerta a la minería legal si Ecuador decide no seguir adelante con el proyecto Loma Larga. No hacerlo, puede traer consecuencias aún más graves. Esta responsabilidad recae tanto en las autoridades locales, como en el Ejecutivo, las cuales deben tomar las medidas necesarias, para que Loma Larga y Quimsacocha no caigan en manos de los mineros ilegales o de los grupos del crimen organizado.
No puede ocurrir lo de Río Blanco. Este proyecto minero, paralizado desde 2018, es una advertencia: en ausencia del control estatal y de las demás autoridades, la minería ilegal avanza, depreda los ecosistemas, contamina el agua y abre espacios para el crimen organizado. Lo mismo ocurre en Buenos Aires, en Imbabura, donde la extracción clandestina derivó en violencia, muertes y un retroceso en la seguridad local.
La disyuntiva no debe reducirse a minería o no minería, sino a cómo se defiende el agua y el ambiente sin entregar el territorio a la ilegalidad. La declaratoria de zonas de protección hídrica, la consulta popular, y una política nacional de control contra la minería ilegal son instrumentos necesarios y urgentes.
El país no puede repetir errores. La defensa del agua y la lucha contra la minería ilegal deben ir de la mano. Esa es la verdadera garantía para Cuenca y para todo el Ecuador.