Desde hace varias décadas, una narrativa se ha impuesto en el debate económico y político a nivel global: la de legitimar al sector privado frente a un desvalorizado sector público. Exacerbada por la globalización y la apertura económica, esta visión presenta al sector privado como el epítome de la eficiencia, la productividad y la calidad, un motor infalible del progreso. En contraste, el sector público es sistemáticamente caricaturizado como inherentemente inoperante, ineficiente, dispendioso y, en el peor de los casos, corrupto. Esta dicotomía, simple y seductora, ha cimentado la creencia de que la única vía hacia el desarrollo es la reducción del Estado a su mínima expresión.
Las posiciones ultritas, que niegan el valor de una de las partes, son inherentemente simplistas y no logran capturar la complejidad de la realidad. Mirando la historia de naciones como el Ecuador, es evidente que en el proceso del desarrollo han interactuado simbióticamente los dos sectores, con sus virtudes y sus falencias; ignorarlo es renunciar a la posibilidad de construir un modelo de crecimiento que sea, a la vez, robusto y justo.
El sector privado es un pilar indispensable para el crecimiento económico; por definición, posee capacidad para innovar, para generar empleo y para dinamizar la economía. Es fundamental para alcanzar niveles de producción y competitividad global, que eran impensables hace tan solo unas décadas. No obstante, la racionalidad con la que actúa -la incansable búsqueda del lucro y del beneficio– le impide asumir la visión integral que requiere la conducción de un país hacia el bienestar social.
Mientras la empresa privada optimiza sus procesos para maximizar la utilidad, la gestión de un Estado debe orientarse hacia la equidad, la justicia y la eliminación de barreras al acceso a la educación, la salud, la vivienda y otros bienes esenciales. Un mercado libre, por más eficiente que sea, no garantiza que los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera equitativa.
El ámbito de acción del sector público no se limita únicamente a la economía del país, sino que abarca también el ejercicio del gobierno, tal como lo establecen el Título IV (De la estructura del Estado) y el Título V (De la organización territorial del Estado) de la Constitución de la República. Estas atribuciones esenciales son a menudo ignoradas por el sector privado en su afán por asumir actividades económicas que, por naturaleza, le corresponden al gobierno, que actúa como representante del Estado.
Es crucial tomar conciencia de que la tendencia a desprestigiar al Estado, restándole recursos y eliminando sectores o políticas importantes, es una estrategia deliberada en el camino hacia la privatización de importantes sectores de la economía del país, que poseen condiciones para proporcionar grandes utilidades.
En este contexto, es imperativo mirar más allá de la retórica. La verdadera intención que se esconde detrás de eslóganes no es la de construir una nación más justa y próspera para todos, sino la de consolidar el poder económico en manos de unos pocos, bajo la excusa de la eficiencia y el progreso. El verdadero desafío, por tanto, no es elegir entre lo público o lo privado, sino exigir la transparencia, la justicia y la responsabilidad de ambos, para que el desarrollo del país sea un proyecto genuinamente colectivo.
El dilema entre lo público y lo privado es una falacia. No se trata de una elección excluyente, sino de reconocer que ambos sectores son importantes y necesarios, a condición de que actúen con una visión superior: la de servir al país. La propuesta no debe ser la de aniquilar o encumbrar a uno sobre otro, sino la de establecer un marco en el que cada uno cumpla su función bajo regulaciones. El sector privado debe innovar y generar riqueza, mientras que el sector público debe garantizar, mediante políticas públicas, el fomento de oportunidades y bienestar para todos, y que proteja a los más vulnerables.