Valiente y necesaria la medida de eliminación – casi total – del subsidio al diésel, dada mediante Decreto 126 del 12 de septiembre, en virtud del cual el precio del galón pasó de USD 1.80 a 2.80 desde el 13 de septiembre al 11 de diciembre del 2025, fecha a partir de la cual se aplicará un mecanismo de estabilización mensual. Permaneciendo al momento un subsidio residual implícito aproximado de USD 0.16 por galón en relación con el costo internacional.
El subsidio al diesel fue una perversa práctica que permaneció vigente por varias décadas (desde 1974), que con tono paternalista mal acostumbró y enfermó a la sociedad, sin perjuicio de desangrar la economía nacional. Expertos estiman que el valor del subsidio a los combustibles alcanzaría a lo largo de los años y a valor presente una cifra aproximada superior a los 60.000 millones de dólares, es decir, el equivalente a casi el 70% de la deuda pública total.
Por otro lado, es interesante, valiente y hasta audaz trasladar temporalmente la sede de la Función Ejecutiva (Decreto 127 del 13 septiembre) a la provincia del Cotopaxi, pero no a un recinto militar, sino a la Gobernación ubicada en la ciudad de Latacunga, con lo cual se habría dejado sin piso y sin sentido las movilizaciones a Quito; a la vez que – entre líneas – generó una suerte de desafío de Noboa a los dirigentes indígenas de las localidades aledañas de dicha provincia, epicentro en el pasado reciente de fuertes manifestaciones desestabilizadoras.
La decisión de ir al paro nacional indefinido y resistencia de fecha 18 de septiembre por parte de la Conaie, genera incertidumbre y preocupación, la misma que por cierto reaccionó con demora y probablemente corra en solitario las reclamaciones por la eliminación del subsidio, y cuyo desenlace está por verse. Sin embargo, el plan del oficialismo, hasta el momento de terminar de escribir esta columna 15 horas del 19 septiembre, ha resultado bien pensado, planificado y ejecutado, en un tema tan sensible que en el pasado ha llegado a tambalear presidentes y a paralizar el país. El núcleo de la estrategia, adicional a la narrativa, fueron las compensaciones mediante transferencias líquidas sumadas a la prontitud de implementarlas, apoyado por la declaratoria de Estado de Excepción, posterior ampliación y Toque de Queda. Todo lo cual ha coadyuvado a desinflar en importante medida el globo de intenciones de protesta. Sumado – se entiende – a un mapa de flujos, costos y beneficiarios auditables, bandas de precios o topes anclados a referencias internacionales. Quedando pendiente la ley de no regresión; y, sin perjuicio, de abrir un inteligente y firme canal de diálogo con el sector indígena, a fin de evitar confrontación y paralización.
Vale anotar que, pierden con la eliminación del subsidio al diesel, los sectores pudientes que se beneficiaron por años; también los contrabandistas (quizás eso explique los bloqueos en el Carchi), minería ilegal y actividades ilícitas. Los ganadores son el país, las finanzas públicas y los sectores necesitados si los fondos son debidamente canalizados.
Cabe indicarse también que, los subsidios no son ni “buenos” ni “malos” en sí mismos: son herramientas de poder con efectos económicos y distributivos. Son positivos cuando corrigen fallas reales, protegen a vulnerables con dinero directo, aceleran transiciones y se gobiernan con reglas, son transparentes y con fecha de caducidad. Son negativos cuando abaratan universalmente precios, consolidan clientelas, opacan el presupuesto y desvían recursos que debían ir para servicios públicos. En el caso del diesel, evidentemente era un subsidio negativo y regresivo, consecuentemente su eliminación aunque tardía, era fundamental.
Si no se puede decir con precisión quién paga, quién gana, por cuánto tiempo y cómo termina, no es política pública; es una renta derivada en privilegio. Y, las rentas, normalmente, acaban gobernando a quien no se atreve a gobernarlas; situación que en este caso – en buena hora y hasta el momento- ha sido la excepción.