El Ejecutivo ha dado un paso trascendental en la vida política del Ecuador: convocar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente. El Decreto Ejecutivo 148, emitido el 19 de septiembre de 2025, plantea una pregunta directa a la ciudadanía: ¿Está de acuerdo con que se convoque e instale una Constituyente de 80 miembros para redactar una nueva Carta Política? La respuesta, como siempre en democracia, estará en manos del pueblo.
La propuesta no es menor. El país contaría con un organismo temporal, de 180 días prorrogables, encargado de escribir una nueva Constitución. Los representantes serían electos por provincias, lista nacional y circunscripciones en el exterior, con un sistema proporcional definido por el CNE. Una vez concluido el trabajo, el texto final debería ser aprobado en referéndum. Se trata de un proceso que busca dotar de legitimidad a la refundación institucional.
La necesidad de un nuevo pacto social es indiscutible. La Constitución de Montecristi, con su detallismo excesivo, dejó al país atado y sin margen de maniobra.
Pero la forma en que el Ejecutivo inició el proceso genera controversia. Se envió la convocatoria directamente al CNE, omitiendo el paso previo por la Corte Constitucional. Ese filtro, indispensable en un Estado de derecho, no es un mero formalismo. Su función es garantizar que la pregunta, el estatuto electoral y los anexos cumplan con los parámetros de la Constitución vigente. Saltarse esa revisión equivale a abrir un atajo riesgoso: se erosiona la independencia de poderes y se siembra una sombra en el camino de la redacción de la nueva carta política de la nación.
La Asamblea Constituyente es una oportunidad histórica para mejorar la República en tiempos de tecnología impensable hace solo 20 años, y cambios geopolíticos que ponen en jaque a la llamada aldea global descrita por Marshall McLuhan.
La necesidad de un nuevo pacto social es indiscutible. La Constitución de Montecristi, con su detallismo excesivo, dejó al país atado y sin margen de maniobra. La coyuntura de violencia, crisis política y parálisis legislativa exige un marco normativo que devuelva estabilidad. Lo único que debe primar ahora es que la urgencia política no legitime procesos convulsos o espurios.
El desafío es doble: construir una nueva Constitución y hacerlo dentro del marco de la actual. La historia enseña que las constituyentes sin consensos terminan en frustración o en concentración de poder. Ecuador necesita un pacto nacional sólido y transparente.
La Asamblea Constituyente puede ser la oportunidad de modernizar el Estado, de actualizar derechos y de poner fin a un ciclo de bloqueos institucionales. El país necesita una salida legítima y duradera.