La situación legal de las exautoridades del sector judicial sumó un nuevo capítulo procesal este lunes 28 de septiembre de 2026 tras una diligencia penal efectuada en la capital. Dentro de una investigación por supuesta corrupción administrativa, la abogada Solanda Goyes compareció a una audiencia de formulación de cargos en la que una jueza determinó la aplicación de medidas cautelares no privativas de la libertad, al procesarla formalmente por su supuesta participación en el delito de tráfico de influencias.
Cargos formulados contra Solanda Goyes en la capital
La diligencia judicial se instaló en horas de la tarde de este lunes en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, en Quito. Durante la sesión, los agentes fiscales presentaron los elementos de convicción sobre presuntas actuaciones irregulares atribuidas a la exfuncionaria cuando ejercía la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, cargo que desempeñó entre 2019 y 2024 antes de asumir como vocal principal del organismo.
Medidas cautelares y plazo de la instrucción fiscal
Al término de la audiencia, la magistrada a cargo de la causa resolvió ordenar la prohibición de salida del país y dispuso presentaciones periódicas cada 15 días para Solanda Goyes. Asimismo, la autoridad judicial determinó que la etapa de instrucción fiscal tendrá una vigencia legal de 90 días, periodo en el cual se desarrollarán las pericias y diligencias orientadas a esclarecer los hechos.
En la legislación penal ecuatoriana, el delito de tráfico de influencias contempla sanciones privativas de libertad que oscilan entre tres y cinco años de reclusión.
Presuntas irregularidades en fondos internacionales
La acusación fiscal sostiene que en 2021 la exdirectora habría gestionado la vinculación laboral de su hijastra a través de la figura de nombramiento provisional. Dicha contratación estaba destinada a la ejecución de un proyecto respaldado por cooperación internacional con un presupuesto asignado de 120 000 euros (aproximadamente 141 000 dólares, con el tipo de cambio de ese año).
De acuerdo con el expediente fiscal, la persona incorporada no cumplía con los requisitos de perfil profesional ni con la experiencia técnica indispensable para desempeñar las funciones asignadas en la institución.
Otras exfuncionarias indagadas en el expediente judicial
En los registros del Sistema Satélite de Actuaciones Judiciales de Ecuador (e-SATJE), la acción penal no se limita a Solanda Goyes. En la causa también constan involucradas Cinthya Carolina Carrazco, quien igualmente ejerció la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, y la activista y exfuncionaria Margarita Lourdes de Carranco.
Este caso se originó a partir de una indagación previa por supuesto peculado vinculada a fondos internacionales recibidos durante la permanencia de las indagadas en el organismo judicial.
Antecedentes de fiscalización en la Asamblea y la Judicatura
Antes de este procesamiento, la exvocal ya sorteó en la Asamblea Nacional un juicio político por supuesto incumplimiento de funciones el 12 de agosto de 2025, trámite impulsado por el legislador Fernando Jaramillo (bancada ADN) por ausencias en sesiones de reglamentación de judicaturas constitucionales. La moción de censura logró 75 votos afirmativos, por lo que no alcanzó los 101 requeridos.
Posteriormente, en septiembre de 2025, la Fiscalía inició una indagación por supuesto peculado, hecho que la exfuncionaria calificó como un acto de persecución y represalia de Mario Godoy, entonces titular de la Judicatura. Goyes culminó su periodo en la Judicatura en septiembre de 2025, compareció luego como testigo en indagaciones legislativas sobre irregularidades judiciales y desde inicios de 2026 ejerce la abogacía independiente.