Perú atraviesa conflictos sociales mineros similares a los de Ecuador (como el caso de Yasuní o la consulta popular). No obstante, Lima logró consolidarse como el segundo productor de cobre del mundo porque construyó institucionalidad. Ecuador debe aceptar que la minería a gran escala es necesaria para cerrar la brecha fiscal y como contrapeso a la minería ilegal, pero debe hacerlo con las lecciones peruanas en la mano: no sirve de nada tener el mineral si no se tiene la paz social.
Fausto Ortiz señala que Ecuador “está en pañales” frente a sus vecinos en atracción de inversión minera. La solución no es abrir minas a cualquier precio, sino aplicar el modelo chileno-peruano de “contratos ley” que ofrezcan estabilidad tributaria a 20 años a cambio de exigencias ambientales intransigentes pero transparentes y la creación de fondos de inversión para las comunidades locales. Ecuador necesita el cobre, oro ,plata y polimetalicos para salir del hoyo fiscal, pero también necesita infraestructura de acceso, salud y agua limpia para los pueblos mineros.
Uno de los datos más escalofriantes presentados en el foro “Ecuador Propositivo 2026” es que el mercado de valores ecuatoriano apenas representa una décima parte del tamaño de la cartera bancaria. En una economía sana, estos números están invertidos. La razón de este retraso es la desconfianza. En foros internacionales, la palabra “Ecuador” se asocia automáticamente a “ruptura de contratos” o “cambios de reglas de juego”, traducción; es fundamental tener estabilidad jurídica que constituye el techo de cristal de la inversión.
La región ha demostrado que el capital solo entra donde hay seguridad jurídica. Colombia, incluso en sus momentos de reformas tributarias complejas, mantuvo foros de consulta previa con los empresarios. República Dominicana y Costa Rica, aunque no sean andinas, son referentes en zonas francas: ofrecen beneficios fiscales a cambio de plazos fijos y transferencia tecnológica garantizada.
Ecuador debe declarar una moratoria regulatoria de al menos dos años en sectores clave. La incertidumbre sobre si subirá el impuesto a la salida de divisas o si se cambiarán las reglas de las petroleras es el principal freno para los millones de dólares adicionales de inversión que el país necesita urgentemente .
La reciente eliminación del subsidio al diésel, que ahorrará 1.100 millones de dólares anuales al Estado, es una muestra de que el gobierno de Daniel Noboa entiende la urgencia del ajuste . Sin embargo, la lección de Argentina (en su lucha contra el déficit) y Brasil (con su reforma laboral) es que el ajuste no puede ser solo fiscal, sino también cualitativo.
Ecuador sigue gastando miles de millones en una planificación centralizada e ineficiente. La lección peruana post-Congreso es aleccionadora: descentralizar la inversión. En lugar de que Quito decida la construcción de una alcantarilla en la Amazonía, se deben transferir recursos etiquetados a los gobiernos locales con rendición de cuentas permanente. Cada dólar ahorrado en burocracia es un dólar que puede destinarse a la seguridad o al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura.
Ecuador tiene la fortaleza de una dolarización que lo mantiene a salvo de la hiperinflación que sufren otras latitudes y cuenta con reservas internacionales históricamente altas . Sin embargo, el crecimiento mediocre es una condena social. Sin más empleo formal, la violencia y la migración seguirán siendo las únicas “válvulas de escape” para una población joven que no encuentra futuro.
El país necesita un pacto de productividad siguiendo el ejemplo de Uruguay. No se trata solo de izquierda o derecha, sino de entender que el desarrollo se logra con ciencia, tecnología, energía barata y reglas claras. Mientras Ecuador decida si tala o no el bosque, países vecinos ya están vendiendo madera certificada. Ya es hora de dejar de mirar los problemas y empezar a aplicar las soluciones que la región ya escribió en su propio historial.