Cada vez que sucede un paro nacional vuelve a saltar el racismo estructural del Ecuador, pese a su definición de Estado republicano, uno de cuyos ejes, por lo menos en teoría, es la igualdad de todos sus miembros, pero cuyas prácticas niegan la diversidad. Este racismo coloca bajo una apariencia biológica una jerarquización social que se justifica desde un modelo único: el mestizaje.
No cabe duda que en todos los poderes del Estado domina el compadrazgo y el priostazgo, pues el acceso y la permanencia en los cargos depende de la red social que sostiene al funcionario. A esto, hay que agregar una especie de gamonalismo ejercido desde el Ejecutivo.
De acuerdo a la definición del historiador Hernán Ibarra, una variante del gamonalismo se vincula al capital comercial, que usa mecanismos despóticos y coactivos en sus relaciones de mercado, enmarcados en una estructura de castas, que naturaliza la dominación étnica, donde se ejerce el poder por dos vías complementarias: el paternalismo y la violencia.
Solo en esa lógica tiene cabida la declaración de Daniel Noboa respecto al paro: ‘jamás en su vida han visto a un grupo que tenga la fuerza para ir de frente contra ellos. Ellos quieren caminar y hacer una protesta contra nosotros; nosotros la hacemos primero, ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros los expulsamos de todo el país, entonces’.
Este sistema gamonal, siguiendo el estudio de Ibarra, se sostiene en la dominación patrimonial, es decir, en la prolongación de los intereses privados en el ámbito político. Más precisamente, en la confusión de lo público y lo privado, que impide la autonomía en el ejercicio de las funciones estatales, en un orden político basado en fuertes lealtades.
Solo en un sistema social de las características señaladas, que poco tiene de republicano, se explica un gobierno que busca la homogeneidad y niega la diferencia, donde los indígenas se entienden como sujetos de beneficencia en lugar de ciudadanos portadores de deberes y derechos, capaces de actuar por su propia iniciativa.
De ahí que Noboa minimice su actividad pública calificándolos de ‘algunos revoltosos de siempre, que quieren hacer paro; que se pongan a trabajar, que dejen de fregar la vida’; al tiempo que la Fiscalía emite un comunicado en el que señala, entre otras cosas, que la paralización de servicios públicos y la incitación a la discordia constituyen delitos sancionados por el Código Penal, sin considerar que el régimen fue responsable de la paralización del servicio eléctrico el año anterior y son sus declaraciones las que invitan al enfrentamiento en este momento.