Dos casos de violencia contra mujeres registrados en espacios públicos de Otavalo, en Imbabura, generaron preocupación entre habitantes de esa ciudad del norte del Ecuador. Los hechos ocurrieron con menos de tres semanas de diferencia y se difundieron ampliamente en redes sociales.
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Otavalo enfrenta temor e incertidumbre tras dos agresiones a mujeres
El primer caso se reportó el 22 de abril de 2026. Una comerciante autónoma denunció una agresión sexual en plena vía pública. El segundo ocurrió el 9 de mayo, cuando un joven golpeó a una mujer en el centro de la ciudad.
Ambos procesos avanzan en la justicia ordinaria. Sin embargo, las autoridades informaron que los dos sospechosos presentan trastornos mentales diagnosticados, situación que condiciona las medidas judiciales aplicables.
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Qué dice la ley ecuatoriana sobre personas con trastornos mentales procesadas por agresiones
Según información de la Policía Nacional, el hombre investigado por el supuesto abuso sexual recuperó su libertad después de que autoridades judiciales determinaron que no podía permanecer privado de ella debido a un diagnóstico de esquizofrenia.
En el segundo caso, hasta la mañana de este miércoles 13 de mayo de 2026, el sospechoso permanecía detenido mientras las autoridades coordinaban su posible traslado a un centro especializado de atención psiquiátrica en Quito.
La abogada Gina Gómez de La Torre, exsubdirectora de Género del Consejo de la Judicatura y exfuncionaria de la Fiscalía, explicó que la legislación ecuatoriana contempla medidas de seguridad para personas procesadas con enfermedades mentales.
No obstante, señaló que la capacidad de atención en centros psiquiátricos públicos resulta limitada. En muchos casos, añadió, el internamiento depende de la disponibilidad de instituciones privadas y de la capacidad económica de las familias para asumir los costos.
“La ley prevé mecanismos de atención, pero existe un problema estructural relacionado con recursos y espacios especializados”, indicó.
Víctima de agresión en Otavalo solicita ayuda para cubrir cirugía
La mujer afectada en la agresión del 9 de mayo difundió un video en redes sociales en el que expresó preocupación por las consecuencias físicas del ataque. Según relató, necesita una intervención quirúrgica en la nariz.
También manifestó inquietud ante la posibilidad de que el procesado recupere su libertad sin que exista una medida de atención especializada.
Gómez de La Torre explicó que las reparaciones económicas para víctimas pueden establecerse dentro de los procesos judiciales. Sin embargo, precisó que el cumplimiento de indemnizaciones enfrenta dificultades cuando los responsables carecen de recursos económicos.
Casos de violencia generan preocupación ciudadana en Otavalo
Los dos hechos reactivaron el debate ciudadano sobre seguridad, atención en salud mental y respuesta institucional.
María Narváez, habitante de Otavalo, afirmó que siente preocupación por la seguridad de mujeres jóvenes en espacios públicos.
“Existe temor porque estos hechos ocurrieron durante el día y frente a otras personas“, comentó.
Otro ciudadano, Christian Peralta, señaló que existe descontento por la percepción de falta de respuestas efectivas frente a episodios de violencia.
En redes sociales también circularon críticas por la reacción de algunos transeúntes que observaron las agresiones sin intervenir.
Alcaldía de Otavalo activó acompañamiento para una de las víctimas
La Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Otavalo informó que brindó apoyo legal y atención psicosocial a la comerciante afectada en el caso reportado el 22 de abril.
Además, indicó que activó medidas administrativas de protección y coordinó acciones con las autoridades competentes para el seguimiento del proceso.
Legítima defensa, qué establece la normativa ecuatoriana
Sobre las discusiones surgidas en redes sociales alrededor de la reacción ciudadana frente a hechos violentos, Gómez de La Torre recordó que la legislación ecuatoriana reconoce la legítima defensa bajo condiciones específicas.
La jurista explicó que una persona puede actuar para proteger su integridad o la de terceros frente a una agresión inmediata. Sin embargo, aclaró que la respuesta debe ser proporcional al riesgo existente.
Añadió que la justicia evalúa cada caso para determinar si existió exceso en el uso de la fuerza.