El Gobierno de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, prohibió el uso del “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas públicas del país.
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El Salvador prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas
La medida, anunciada este jueves 2 de octubre de 2025 por el Mandatario en su cuenta de X, busca regular el uso del idioma en materiales educativos y evitar lo que el Ejecutivo considera “deformaciones lingüísticas”.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, oficializó la disposición mediante un memorándum.
La norma aplica a todos los centros educativos públicos y dependencias del Ministerio de Educación. Trigueros destacó que la prohibición garantiza una comunicación clara y protege a la niñez de “injerencias ideológicas”.
Nueva regulación en el sistema educativo
La directriz prohíbe términos como “amigue”, “compañere“, “niñe“, “todos y todas“, “alumn@” o “jóvenxs“.
Según el documento compartido por Trigueros, estas palabras representan una “deformación lingüística” vinculada a la ideología de género. La medida establece que no se admitirán en ningún material educativo ni en la comunicación institucional.
El Ministerio de Educación afirmó que con esto se busca estandarizar el uso del idioma español.
La prohibición abarca cualquier expresión que, según las autoridades, altere las normas gramaticales tradicionales. La implementación será inmediata en todas las escuelas públicas.
Contexto de la decisión de Nayib Bukele
La medida responde a una postura que Bukele ha defendido desde 2024. En febrero de ese año, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, anunció la eliminación de la ideología de género en los contenidos educativos. Pineda señaló que el sistema escolar público debía centrarse en una educación libre de influencias ideológicas.
Bukele reforzó esta posición en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, Estados Unidos. Allí, en respuesta a una pregunta de Catalina Stubbe, coordinadora hispana de Moms for Liberty, afirmó que los padres deben tener un rol activo en la definición de los contenidos educativos.
La decisión causó debate en redes sociales, donde sectores conservadores apoyaron la medida, mientras que otros cuestionaron su impacto en la libertad de expresión.
El Gobierno no ha detallado sanciones específicas para quienes incumplan la norma, pero el memorándum enfatiza su cumplimiento obligatorio.
Con información de EFE.
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