Hernán Ulloa puso en apuros a las autoridades de la Asamblea cuando pidió al Secretario que diera lectura al informe en el que se basan para este proceso. Foto: Asamblea
En una sala de sesiones de la Asamblea media vacía la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se defendió del juicio político este viernes 18 de noviembre.
El último en intervenir fue el presidente del organismo, Hernán Ulloa, después de que hicieron lo propio Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.
Ulloa puso en apuros a las autoridades de la Asamblea cuando pidió al Secretario que diera lectura al informe en el que se basan para este proceso.
En ese momento dirigía la sesión la correísta Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea. El hemiciclo quedó en silencio. Mireya Pazmiño, una de las interpelantes intentó hablar, pero Holguín no le dio paso pues era el turno de los acusados.
Al prosecretario le tomó cinco minutos reaccionar. Después de llamadas telefónicas, explicó que no hay informe, pues el expediente de la Comisión de Fiscalización había sido entregado fuera de plazos.
«Señores legisladores, esto es tan grave como que usted lleve a un juicio a una persona sin un dictamen fiscal, sin las pruebas y venga el juez y le diga: culpable», sostuvo Ulloa.
El presidente del Cpccs pidió que esta situación quede en actas. Apuntó que pretendía evitar que los asambleístas «sean arrastrados» a una situación similar a la del legislador Luis Almeida (PSC), a quien identificó como tío de la consejera Sofía Almeida, y quien fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber actuado contra la Corte Suprema de Justicia en su momento.
Las consejeras Estupiñán y Rivadeneira señalaron que se trata de un «juicio político a la carta», del que quedaron fuera Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos.
Cuestionaron que se esgrima como una de las causales el cambio del reglamento en medio del concurso para la designación del nuevo Contralor General del Estado, que fue aprobado el 12 de julio del 2021.
Argumentaron que se los pretende juzgar por una segunda reforma que se hizo este año y no por la que tuvo lugar el 20 de agosto del 2021, una semana después de que se convocaron a las verduras ciudadanas, en cuyo caso fue ejecutada por la otra mayoría liderada por Almeida y Rosero.
«Yo cambié el reglamento en agosto 2021 con David Rosero. En el 2022 allí si no les resulta», dijo Estupiñán.
Los consejeros cuestionaron que la mayoría parlamentaria liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) haya dejado por fuera de este proceso a tres consejeros.
«Hay una clara persecución política de quienes quieren vernos fuera. Quieren tomar el control y designar a las autoridades a dedo», apuntó Rivadeneira.
Estupiñán, además, cuestionó que uno de los interpelantes entregara al Pleno audios obtenidos de manera ilegal y alterados sobre una conversación con una aspirante a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Falta de quórum
Mientras los consejeros presentaban sus descargos, por dos ocasiones, Édgar Quezada, de Pachakutik, intentó pedir que se constante quórum, pues afirmó que en la sala solo permanecían 54 de los 70 necesarios.
Ulloa trasladó este reclamo al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, pero no dio paso. «Señor presidente del Consejo aquí quien resuelve es el presidente de la Asamblea, por lo tanto continúe con sus argumentos», dijo Saquicela entre aplausos del bloque correísta.
Antes de que intervinieran los consejeros con sus descargos, el asambleísta Angel Maita, de la fracción radical de Pachakutik, mocionó la censura y destitución por supuesto incumplimiento de funciones.
En cambio, los consejeros pidieron el archivo de esta causa y advirtieron de ilegalidades. Ulloa advirtió que recurrirán a la justicia constitucional y a instancias internacionales.
Tras los descargos de los consejeros, los interpelantes tenían una hora para sus réplicas, pero ni Mireya Pazmiño ni Ángel Maita ejercieron este derecho.