Causa mucho temor recordar las palabras proféticas de Santa Marianita de Jesús, que advertían que el Ecuador no desaparecerá por terremotos o erupciones volcánicas, que lo hará por efecto de los malos políticos y los malos gobiernos.
Con pesar recordamos la paz y la tranquilidad en que se desenvolvía el diario vivir de los ecuatorianos, ahora convertido en una insufrible cascada de asesinatos, extorsiones, secuestros, sicariatos y narco-política que, cuál pieza de un horrendo rompecabezas, fueron armando este escenario de sangre, delito y muerte.
¿Es esa la mala política? -Parece que sí- Se dan por ganadores los perdedores y el candidato indígena aparece con facies triunfalista, sin recordar que el candidato Yaku Pérez, de su agrupación política, lo superó con una votación 4 veces más alta. Doce de 16 candidatos presidenciales no superan el 1% de votos en la última contienda electoral.
La democracia tambalea, está debilitada, el irrespeto y la violencia dificultan la gobernabilidad. Estamos inmersos en un sistema electoral absurdo, que ha permitido la desaparición de los principales partidos políticos y la proliferación de cientos de movimientos. La famosa Ley de la Democracia ha permitido este desorden, cuyas consecuencias nos asombran día a día. La inquietud llena la mente de los absortos ciudadanos que no entienden varios sucesos: ¿Cómo es posible que, si para inscribir a un partido político en el CNE, se presenta un determinado número de firmas de los afiliados o adherentes a ese partido o movimiento político, en los sufragios sus candidatos no alcancen ni un mínimo porcentaje del que respaldaron la inscripción? ¿No hay un organismo que controle esos tremendos desfaces? Tras varios procesos electorales, hay denuncias que en los padrones están incluidos nombres de personas fallecidas… ¿Cuándo se depurarán esos listados?
Escuchamos sorprendidos a unos pocos personajes, conocedores de las complejas leyes y reglamentos que rigen toda la gestión electoral. Ellos vienen sugiriendo, desde mucho tiempo atrás, fundamentales cambios de algunos artículos constitucionales pertinentes y también modificaciones indispensables al Código de la Democracia, ¿por qué no se los escucha? ¿Por qué el CNE no se empeña en acoger estas valiosas sugerencias y, conjuntamente con ese grupo de técnicos, definir las bases de una reforma electoral que racionalice la ley de partidos, que debe ser conocida, debatida en distintos espacios y foros ciudadanos, pues resulta difícil que las propuestas de cambio se generen en los propios partidos o en sus liderazgos egoístas y soberbios?
Existe una inconformidad general por la presencia de 16 candidatos a la presidencia de la república, muchos de ellos, en nombre de partidos o movimientos muy diferentes a aquellos de los que formaban parte en elecciones anteriores. Para poder representar a sus nuevas organizaciones, se afiliaron veloz y fugazmente, sin conocer siquiera los fundamentos ideológicos, peor la trayectoria y antecedentes de sus nuevas agrupaciones, a las que llegaron invitados por afiliados irresponsables que canjearon la dignidad y la esencia de su partido, por la posibilidad que, aunque su invitado no fuera elegido, ellos podrían alcanzar una curul, a sabiendas de que su candidato alquilado, al perder, concluiría el favor que les hacía a sus ambiciosos amigos y volvería a su anodina existencia.
Entre las reformas que plantean los expertos vale destacar la necesidad de diferenciar los movimientos de los partidos políticos, de tal manera que los movimientos sean de carácter provincial y los partidos de carácter nacional. “Al tener el carácter nacional los partidos políticos solo ellos podrán presentar candidaturas nacionales: presidente, vicepresidente, asambleístas y miembros del Parlamento Andino” Los movimientos, al tener el carácter de provinciales, solo podrían presentar candidatos a alcaldes, prefectos y miembros de las juntas parroquiales. Así disminuiría, necesariamente, el número de candidatos presidenciales.
Además, las reformas plantean el número de afiliados que deben tener los movimientos y los partidos y les obliga a generar actividades de capacitación, debates y propuestas públicas permanentes, que les den funcionalidad y vigencia continua y no únicamente en campaña electoral.
Por otra parte, hay mucha incomodidad ciudadana por la existencia del Fondo Partidario Permanente que, durante 10 años, ha sido de 49 millones de dinero público y del Fondo de Promoción Electoral que, para las Elecciones Generales, ascendió a 14 millones.
Debe exigirse una auditoría de estos fondos y fiscalizarlos, pues en la mayoría de casos no cumplen con la finalidad con la que fueron creados, se han convertido en la motivación principal para este brote incontrolable de apresurados movimientos y partidos.
Este Maremágnum Político debe ser arreglado en bien de la gobernabilidad y de la democracia. Oigamos la voz de los expertos y forcemos el cambio.