Los tiempos ajustados de la Corte Constitucional y el impacto del fin al subsidio al diésel en la consulta popular

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Daniel Noboa quiere llevar a las urnas una nueva consulta popular y un referéndum en 2025, con fechas que han oscilado entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre. El 9 de septiembre envió siete preguntas adicionales a la Corte Constitucional y estrechó los plazos, mientras elimina el subsidio al diésel y sube el galón de 1,80 a 2,80 dólares. El reloj de la Corte y del CNE corre a la par del costo político de la medida: los expertos advierten que el calendario luce ajustado.

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Daniel Noboa volvió a enviar a la Corte Constitucional el 16 de septiembre de 2025 la propuesta de enmienda constitucional que busca reducir el número de asambleístas de 151 a 73. Lo hizo un día después de que la Corte no calificara la versión anterior de la pregunta, debido a errores en la redacción de los considerandos.

El Ejecutivo mantiene su argumento de que esta reforma permitirá una representación más proporcional, con base en el censo de población y vivienda de 2022.

¿Qué plazos sí tiene la Corte Constitucional y dónde se estrecha el reloj?

Según Hernán Acevedo, catedrático de la Escuela de Derecho de la UIDE, la Corte dispone de 20 días laborables para emitir el dictamen de constitucionalidad una vez que la jueza ponente avoca conocimiento; si no lo hace, “se presume dictamen favorable”. Cada nuevo paquete activa otro período de 20 días, lo que alarga la ruta.

Para Acevedo, al sumar esos 20 días con los plazos del órgano electoral, el proceso puede llegar a 103 días. Con menos de 90 días desde el envío del nuevo bloque hasta el 30 de noviembre, no resulta realista cerrar dictámenes y permitir que el CNE organice la votación para esa fecha.

Según Edison Guarango, abogado constitucionalista, la Corte emite dos dictámenes: el de vía (sin término legal) y el de control previo del referéndum (con el plazo de 20 días de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc).

A su criterio, el Tribunal ha tratado estos asuntos “con prioridad”, pero el cuello de botella aparece cuando el Ejecutivo remite textos técnicamente insuficientes, lo que complica la aprobación.

Cómo se cruza el calendario del CNE con el de la Corte Constitucional

Según Acevedo, tras el decreto presidencial de convocatoria, el CNE tiene 15 días para llamar a las urnas y hasta 60 días para organizar y ejecutar la votación. En 2024 usó casi todo el margen (13 + 54). Sin preguntas definitivas no puede definir papeletas ni presupuesto.

Para Acevedo, una calificación tardía empuja el cronograma a diciembre o incluso a 2026. Guarango coincide en que el CNE requiere alrededor de 60 días de organización. Si todo llega máximo a finales de este mes, la ruta podría sostenerse; caso contrario, ve “muy corto” el 30 de noviembre y proyecta “finales de diciembre o inicios del otro año”.

Según Guarango, algunos temas puntuales como “bases militares” o “financiamiento de partidos” podrían caber en los tiempos si existe coordinación entre Ejecutivo y CNE y si la Corte mantiene sus términos. En el resto de preguntas, observa complejidades por observaciones previas del Tribunal.

Según Andrés Obando, especialista en comunicación política, la influencia de la eliminación del subsidio es altísima y se traducirá en una caída de la aprobación presidencial y, por ende, en apoyo a las preguntas. Suma el desgaste que observa en Cuenca por la situación de Quimsacocha.

Para Obando, las consultas en Ecuador guardan relación directa con la aprobación del gobierno de turno. Advierte que un voto de castigo puede abrir “una arremetida de la oposición” y marcar “un punto de no retorno” para la gestión, con efectos en la agenda y en eventuales planes de reelección.

Según Obando, el anticorreísmo puede intentar instalar el encuadre de que “grupos delictivos” se oponen al Gobierno y vincular a la Revolución Ciudadana en ese relato. En paralelo, ve probable que la RC encabece la campaña por el “No” si logra articular un motivo común entre sectores diversos.

Imposibilidad de priorizar por razones políticas

Para Acevedo, la Corte no puede acelerar etapas por urgencias planteadas desde el Ejecutivo. Recordó que su procedimiento se rige por la Constitución y la Logjcc que ya incorpora un mecanismo de celeridad: si en 20 días no hay dictamen, se entiende aprobado.

Guarango sostuvo que el Tribunal ha dado prioridad a todos los temas enviados por el Ejecutivo, incluidos los estados de excepción. Sin embargo, insistió en que la ausencia de proyectos técnicamente sólidos ralentiza la aprobación.

Popularidad, riesgo y ventana de oportunidad para el Gobierno

Según Max Donoso-Muller, analista político, las consultas operan como termómetro de popularidad. Si el Gobierno maneja el descontento y demuestra que el ahorro del subsidio se refleja en mejoras sociales, podría obtener resultados interesantes; sin resultados visibles, anticipa un desenlace negativo para el oficialismo.

Para Donoso-Muller, pronosticar hoy es prematuro. Recuerda que con la eliminación del subsidio a la gasolina hubo alarma inicial y luego el ciudadano evaluó el impacto sin descalabro anunciado por sectores críticos. Ve difícil que los sectores sociales construyan una campaña única por el “No” por la diversidad de intereses.

Según Donoso-Muller, el Gobierno también enfrenta un costo si no comunica y ejecuta con precisión. La baja popularidad podría traducirse en pérdida estrepitosa si no muestra que la medida no golpea directamente a los bolsillos y si el ahorro no llega a beneficios palpables para el ciudadano común.

Fragmentación de los sectores sociales

Donoso-Muller explicó que los sectores sociales suelen responder a intereses partidistas y que dentro de ellos hay “demasiados intereses particulares”. Por eso, considera improbable que armen una campaña unificada por el “No”.

Según el analista, lo más probable es que cada grupo impulse su propia narrativa, aunque en conjunto puedan hacer frente a la campaña oficialista. Obando también advirtió que la diversidad de agendas sociales dificulta la consolidación de un frente común.

La calidad técnica de las preguntas y el origen del atraso

Según Guarango, el mayor retraso no proviene de la Corte, sino de la falta de tecnicismo en varios textos enviados por el Ejecutivo. Recuerda que el Tribunal ya observó considerandos mal planteados —como en el tema del número de asambleístas— y que eso obliga a reformular.

Para Guarango, la Corte ha tratado con prioridad los asuntos remitidos por el Ejecutivo, incluidas acciones de inconstitucionalidad y estados de excepción. Reitera que el ritmo interno del Tribunal no admite atajos políticos y que el filtro de vía, al no tener término, puede demorar si las propuestas no cumplen los estándares.

Según Acevedo, la ley ya incorpora un mecanismo de celeridad con el “silencio favorable” a 20 días en el control previo. Su criterio sostiene que esa regla equilibra urgencia y garantía de análisis, y que cualquier aceleración adicional chocaría con la separación de funciones.