El caso Pruebas COVID cumplió seis años sin una sentencia de primera instancia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otros dos procesados. El Tribunal terminó de escuchar los alegatos, pero varios aplazamientos impidieron que comunique su resolución.
El último movimiento ocurrió el 13 de agosto de 2026. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha abrió de oficio un sumario disciplinario contra el juez ponente Gandhy Cervantes por la prolongación de la fase final del juzgamiento.
El proceso disciplinario no establece todavía una responsabilidad contra el magistrado. Su objetivo será determinar si existió alguna infracción durante la tramitación de la causa. La Judicatura confirmó que el Tribunal permanece en deliberación desde mayo.
La sentencia tiene una nueva fecha sobre el caso Pruebas COVID
El Tribunal convocó para el 26 de agosto de 2026, a las 17:00, a la reinstalación de la audiencia en la que deberá anunciar su decisión contra Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) Leandro Berrones.
La diligencia debía realizarse el 3 de agosto, pero no se instaló por la ausencia de uno de los jueces, quien presentó un permiso médico. Un segundo intento fracasó el 7 de agosto debido a la inasistencia de la perita traductora de Oren y del abogado de Berrones, cuya ausencia se justificó por una emergencia médica.
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— El Comercio (@elcomerciocom) August 14, 2026
El Tribunal multó a ambos con dos salarios básicos unificados y advirtió que recurrirá a la fuerza pública si alguna de las personas convocadas no comparece. La próxima audiencia se desarrollará de forma presencial y telemática.
La acusación por 21 000 pruebas rápidas
La Fiscalía sostiene que durante la emergencia sanitaria de 2020 operó una estructura dedicada a la comercialización irregular de 21 000 pruebas rápidas para detectar COVID, mascarillas y otros insumos médicos.
La tesis fiscal señala que la organización utilizó bienes y servidores públicos de la AMT para trasladar los productos desde Quito hasta Guayaquil. Sheinman Oren y Leandro Berrones están acusados como autores directos, mientras que Abdalá y Jacobo Bucaram enfrentan la acusación en calidad de colaboradores.
Fiscalía atribuye al expresidente el almacenamiento de pruebas, mascarillas y lancetas en su vivienda. Durante un allanamiento ejecutado el 3 de junio de 2020 en Guayaquil, los agentes encontraron 2 000 pruebas rápidas, 5 000 mascarillas y otros materiales médicos.
Estas 2 000 pruebas formaban parte de los insumos investigados, pero no corresponden a la totalidad de las 21 000 pruebas mencionadas dentro de la acusación.
A Jacobo Bucaram, Fiscalía le atribuye el pago de 321 600 dólares en efectivo por la mercadería. La versión surgió del testimonio de Shy Dahan, uno de los extranjeros involucrados en la negociación, quien murió durante un ataque en la Penitenciaría del Litoral en agosto de 2020.
El juicio se instaló después de varios aplazamientos
Abdalá y Jacobo Bucaram quedaron inicialmente sobreseídos en octubre de 2021. Sin embargo, la Fiscalía apeló y un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha revocó la decisión en diciembre de ese año, por lo que ambos fueron llamados a juicio.
Judicatura de Pichincha inicia sumario disciplinario por actuaciones en el caso “Pruebas COVID-Bucaram”#JusticiaConIndependenciaCJ ⚖️ pic.twitter.com/LcJZBwJsLU
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La audiencia de juzgamiento se instaló el 11 de abril de 2025, después de siete diferimientos. Durante el proceso, Fiscalía presentó más de 100 elementos, entre testimonios, pericias y documentos. Las defensas también expusieron sus pruebas de descargo.
El 14 de mayo de 2026, Fiscalía pidió una sentencia condenatoria contra los cuatro procesados por delincuencia organizada. Desde entonces, el Tribunal integrado por Gandhy Cervantes, Ivonne Vásquez y Pablo Coello analiza los argumentos.
La fiscal Lidia Sarabia también advirtió a finales de julio sobre el riesgo de que la acción penal contra los Bucaram prescriba. Esa advertencia no significa que el proceso ya esté prescrito.
Hasta que el Tribunal emita su resolución, los cuatro procesados mantienen su estado de inocencia. El siguiente momento decisivo quedó fijado para el 26 de agosto.
Caso Pruebas COVID y Abdalá Bucaram; preguntas frecuentes
El juicio ya terminó la presentación de pruebas y alegatos, pero el Tribunal todavía no ha comunicado una sentencia de primera instancia.
Los jueces permanecen en deliberación y la nueva fecha para reinstalar la audiencia y anunciar la resolución quedó fijada para el 26 de agosto de 2026, a las 17:00.
La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha abrió de oficio un sumario disciplinario por la prolongación de la fase final del juicio.
El procedimiento no determina todavía una responsabilidad contra el magistrado. Su finalidad es establecer si existió alguna infracción durante la tramitación de la causa.
La audiencia prevista para el 3 de agosto no se instaló por la ausencia de uno de los jueces, quien presentó un permiso médico.
Un segundo intento, el 7 de agosto, tampoco se concretó por la ausencia de la perita traductora de Sheinman Oren y del abogado de Leandro Berrones. El Tribunal impuso multas y fijó una nueva convocatoria.
La Fiscalía sostiene que durante la emergencia sanitaria de 2020 funcionó una estructura dedicada a la comercialización irregular de 21.000 pruebas rápidas para COVID-19, además de mascarillas y otros insumos médicos.
Sheinman Oren y Leandro Berrones están acusados como autores directos, mientras Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram son señalados como colaboradores dentro del presunto delito de delincuencia organizada.
La fiscal Lidia Sarabia advirtió a finales de julio sobre un posible riesgo de prescripción de la acción penal.
Esa advertencia no significa que el caso ya haya prescrito. Mientras no exista una resolución que determine lo contrario, el proceso continúa y los cuatro acusados mantienen su estado de inocencia.