El 29 de noviembre, en las elecciones seccionales 2026, más de 13,8 millones de electores escogerán a 222 alcaldes, 23 prefectos, 1 366 concejales y 4 131 vocales parroquiales. También elegirán a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Los gobiernos municipales inciden directamente en la vida cotidiana de la población: administran, entre otras cosas, servicios como el agua potable y el alcantarillado, regulan el uso del suelo y deciden sobre mercados y obras públicas. En esas decisiones participan los alcaldes y los concejos municipales, de acuerdo con sus competencias. Por eso, este año el voto llega con una alerta que Ecuador no puede ignorar.
En los últimos tres años, al menos 14 alcaldes y exalcaldes del país han enfrentado procesos penales por presuntos delitos relacionados con su gestión o con actividades particulares. Las acusaciones incluyen peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
Sin embargo, sus situaciones son distintas. La justicia condenó en última instancia a 13 años de prisión a Dalton Narváez y Alexandra Arce, exalcaldes de Durán, por el caso Chobo. Arce sigue prófuga. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, tiene una condena de primera instancia en el caso Triple A, y su defensa la apeló. Otros, como los alcaldes de Esmeraldas, Vinces y El Tambo, cumplen prisión preventiva. Esa medida cautelar no equivale a una condena. La última detención es la del alcalde de Naranjal por supuesta corrupción en esa municipalidad. Todos los que no tienen sentencia firme mantienen la presunción de inocencia.
Además, 13 casos son una minoría frente a los 222 municipios del país. Pero esa cifra solo refleja lo que la Fiscalía ha podido investigar y llevar ante un juez. Y no se trata de hechos menores. En el caso Triple A, la sentencia de primera instancia fijó una reparación de más de 61,5 millones de dólares por el desvío de combustibles subsidiados. En Esmeraldas, la Fiscalía investiga una estructura que habría captado cerca de nueve millones de dólares en fondos estatales. Detrás de estos casos hay recursos públicos comprometidos y una pérdida de confianza en quienes deben administrarlos.
Varios de estos procesos, además, comenzaron con alertas externas a las propias alcaldías. Su origen estuvo en denuncias ciudadanas por líneas telefónicas anónimas, auditorías de la Contraloría y reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El caso de Machala, por ejemplo, arrancó con una alerta anónima a la línea 1800 DELITO. Es decir, la ciudadanía ya cumple un papel en el control del poder local. El 29 de noviembre puede ejercerlo antes de que ocurra el daño.
El calendario electoral también expone un vacío. El alcalde de Playas, Gabriel Balladares, enfrenta una investigación por presunto peculado. A fines de octubre, los agentes lo retuvieron para que rindiera su versión. Sin embargo, no pudieron detenerlo formalmente. El organismo electoral ya había calificado su candidatura a la reelección, y la ley protege con inmunidad a los candidatos calificados hasta que concluye el proceso electoral. Balladares no tiene condena y tiene derecho a defenderse. Aun así, su caso muestra que la justicia y las urnas avanzan a ritmos distintos. Los procesos tardan años, mientras el voto decide en un solo día quién administrará el municipio durante cuatro.
A esa presión interna se suma otra que viene de afuera. La noche del 9 de noviembre, hombres armados asesinaron en Huaquillas a Ronald Farfán. Farfán fue alcalde de ese cantón entre 2014 y 2019 y buscaba volver al cargo. En el ataque también murieron Christian Rugel, aspirante a concejal, y Hilda Ruiz, una comerciante de 63 años. El ataque armado ocurrió tres días antes del inicio oficial de la campaña. La Policía maneja como hipótesis principal la extorsión que sufría Rugel. No obstante, el jefe policial de la zona, Renato González, sostuvo que “la posibilidad de una motivación política no está descartada”.
Farfán no es un caso aislado. Desde la precampaña de las elecciones seccionales de 2023, una veintena de autoridades locales y candidatos a cargos seccionales murieron asesinados. Entre ellos hay alcaldes, concejales, vocales y presidentes de juntas parroquiales. Cinco de esas muertes ocurrieron en 2026.
Esos crímenes muestran que el poder local también se convirtió en un objetivo. Un municipio decide sobre contratos, permisos, uso del suelo y control de mercados. Por eso, quien busca capturar esas decisiones puede intentar corromper a la autoridad o someterla mediante amenazas y violencia. Cuando ser candidato implica arriesgar la vida y gobernar un municipio puede terminar en un juicio, el problema ya no se resuelve solo con policías ni con fiscales.
Parte de la respuesta, entonces, está en la papeleta. Elegir bien no significa adivinar quién delinquirá. Significa revisar lo que ya es público antes de votar ¿Qué hizo el candidato en cargos anteriores? ¿Tiene responsabilidades administrativas o civiles determinadas por la Contraloría? ¿Enfrenta procesos judiciales y en qué estado están? ¿Quién financia su campaña? ¿Su plan de trabajo explica cómo cumplirá lo que promete y con qué recursos? Las respuestas no garantizan una buena gestión. Pero sí reducen el riesgo de entregar un municipio a ciegas.
La responsabilidad, sin embargo, no recae solo en el votante. Las organizaciones políticas debían depurar a quienes inscriben en las elecciones seccionales 2026, porque cada candidatura lleva su sello.
El Consejo Nacional Electoral debe garantizar que los planes de trabajo y la información de los candidatos sean accesibles y comprensibles. Así, los ciudadanos podrán contrastar las propuestas con los antecedentes de quienes aspiran a gobernar.
El Estado, por su parte, tiene la obligación de proteger a quienes compiten en las elecciones seccionales 2026. Esa obligación pesa más en provincias como El Oro, donde la violencia del crimen organizado llevó al Gobierno a decretar un estado de excepción en septiembre. La seguridad de los candidatos y de las autoridades locales no puede depender de su capacidad para conseguir protección policial.
El 29 de noviembre no resolverá la corrupción ni la violencia que golpean a los gobiernos locales. Pero sí puede marcar una diferencia. Elegir con información no sustituye a la Fiscalía ni a la Contraloría, pero permite ejercer un control antes de entregar el poder. Esa responsabilidad está en manos de cada ciudadano ecuatoriano.
Más editoriales de opinión aquí