La comuna Chilibulo –Marcopamba– La Raya tiene 303 hectáreas, solo el 30% está ocupado. Foto: Patricio Terán / El Comercio
Patricia Armijo. Redactora (I)
Rodrigo Pillajo, presidente de la comuna Chilibulo–Marcopamba–La Raya, comenta, entre lamentos, que el Municipio le sigue un proceso coactivo por más de USD 17 000. Sus cuentas han sido congeladas por falta de pago de una deuda que, según él, no le pertenece.
Ese valor responde a una contribución especial de mejoras que adeudan al Cabildo desde mediados de 2015, y que se pagó parcialmente (originalmente era de USD 37 000), cuando la autoridad intervino un kilómetro y medio de la calle Fabián Alarcón de la que 200 metros colindan con la comuna. La obra fue solicitada por uno de sus barrios vecinos: La Dolora.
La contribución especial de mejoras busca que los vecinos que se benefician de cierta obra sean los que paguen por la ejecución. En este caso, las autoridades les entregaron una factura por las 303 hectáreas que abarca la comuna. De las que, según Pillajo, solo el 30% es ocupado por los comuneros para vivienda y labores de agricultura, por lo que considera que no es justa. El pago fue inequitativo, refiere el dirigente al asegurar que el barrio solicitante de la obra tuvo que pagar solo USD 10 000.
Malestar por cobros
El líder comunal denuncia el accionar del Municipio y califica de inconstitucional ese cobro que recae sobre él por su cargo de representatividad. Y argumenta que la Constitución del Ecuador establece, en su artículo 57 inciso cuatro, que “estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos”.
Carolina Velásquez, secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, explica que se trata de un error jurídico o una mala asesoría. Tal como dicta la ley, las comunas no pagan dos tipos de tributos, pero hay un tercero no contemplado que son las contribuciones especiales.
Una de estas contribuciones es por el caso de mejoras que se realizan a través de obras en la comuna. No obstante, Velásquez reconoce la falta de delimitación territorial, para calcular los valores a pagar, y el nivel de beneficio que tienen las obras en el caso concreto de las comunas.
Denuncias de comuneros
De acuerdo con datos de esa Secretaría, hay 70 comunas en el Distrito Metropolitano. Todas distribuidas en siete de las administraciones zonales, incluidas las zonas rurales.
Por su parte, Darío Iza, presidente del pueblo KituKara, dice que hay más de 90 comunas y detalla que por lo menos unas tres han denunciado en asambleas populares estos cobros realizados por parte del Municipio.
Otra de las comunas que mantiene una deuda con la Municipalidad es la de San Vicente de Iguiñaro, en la parroquia El Quinche, que tiene un saldo pendiente de USD 19 000 desde 2019. La secretaria, Ligia Ramírez, dice que intentan cobrarles por el adoquinamiento de unas calles al interior de la comuna.
Por ser una comuna no existe la división de predios, como pasa en el resto de la ciudad, y la deuda es global para todos los comuneros. En caso de avanzar a un proceso de cobro coactivo, se lo sigue contra el Presidente como representante comunal.
Son unas 2 000 familias las que conforman esta comuna, que es la más grande de esa parroquia. Los comuneros denuncian la falta de socialización respecto al pago que se debía hacer y que se financió para un plazo de 10 años.
Ahora la directiva busca soluciones para evitar la coactiva. “Es un valor muy alto y nosotros no tenemos ingresos de ninguna entidad”, lamenta Ramírez.
Por su parte, Iza defiende la necesidad de definir los límites territoriales de las comunas ancestrales cuando “constitucionalmente el territorio de una comuna es indivisible, inembargable e indivisible”. Él califica de ilógico avaluar una propiedad comunitaria que no se puede vender.
Acciones concretas
Una de las más endeudadas es la comuna Lumbisí que abarca más de 612 hectáreas de territorio, cuyo saldo ya supera los USD 200 000. Su presidente José Quishpe asegura que el Municipio no les ha informado por qué obras les están cobrando.
Refiere que la deuda existe desde hace “10 o 15 años por mejoras”, pero concuerda en que es un cobro “inconstitucional” para los más de 5 000 comuneros que la conforman. Y enfatiza en que seguirán en la lucha de manera indefinida hasta tener resultados con las autoridades.
Velásquez detalla que las comunas sí pueden acceder a obras ejecutadas por el Municipio a través del presupuesto participativo. Pero reconoce que es habitual que pierdan por ser parte de un grupo minoritario.
Razón que ha impulsado a los comuneros a pedir acciones concretas tanto al Concejo Metropolitano como al alcalde Santiago Guarderas. Este último les ofreció conformar mesas de trabajo para solucionar el problema con las zonas afectadas.
Comunidad
De acuerdo con la ley de Organización y Régimen de Comunas, se necesita al menos 50 personas habitando en un lugar para conformar una comuna.
Supervisión: El cumplimiento de los derechos será vigilado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Debido a la expansión de la ciudad las comunas han quedado dentro o colindan con la urbe.
A pesar de su cercanía con la ciudad, cuentan con su propio cabildo donde se eligen directivas y se toman decisiones colectivas a través de asambleas.
Frase: «Es un valor muy alto y nosotros no tenemos ingresos de ninguna entidad”. Ligia Ramírez. Comuna San Vicente de Iguiñaro