La violencia que golpea a Ecuador no distingue ciudades, clases sociales ni ideologías.
El narcotráfico, los asesinatos, las extorsiones, robos, asaltos, y los atentados con explosivos han colocado al país en una situación crítica que demanda respuestas urgentes y coordinadas.
Frente a este escenario, el encuentro entre los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca con autoridades del Gobierno central en la Cancillería, realizado este 2 de septiembre en Quito, constituye un hecho inédito que debe marcar un camino de unidad por la seguridad.
La presencia de Pabel Muñoz, Aquiles Álvarez y Cristian Zamora junto con la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior, John Reimberg, refleja una voluntad política poco común en un país fragmentado por intereses partidistas. Este paso, aunque inicial, abre la posibilidad de que las principales ciudades y el Ejecutivo trabajen de manera conjunta frente a una amenaza que supera cualquier frontera administrativa.
“La seguridad no admite divisiones: solo con unidad entre Gobierno y municipios se podrá frenar la violencia que carcome al país.”
El crimen organizado se profundiza en barrios, negocios y espacios públicos. La reciente muerte violenta de un ciudadano en un bus de Quito, tras un asalto; o los tres atentados con explosivos en Santo Domingo, en menos de dos días, no son hechos aislados: son señales de un problema estructural que exige coordinación interinstitucional, recursos sostenidos y firmeza en la acción.
La apertura de los alcaldes para establecer convenios específicos y la disposición del Gobierno a fortalecer la respuesta estatal deben traducirse en planes concretos, medibles y con resultados visibles por la seguridad. No bastan los gestos simbólicos ni las declaraciones de buena voluntad. Se requiere que los acuerdos se conviertan en políticas públicas permanentes, articuladas con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales.
El país necesita que este encuentro no sea un episodio aislado. La inseguridad es un desafío nacional que debe convocar a todos los municipios, sin importar su tamaño, y a todas las instancias del Estado. Solo con un frente común, disciplinado y sostenido será posible devolver a los ciudadanos la confianza y la paz que demandan.