Charles-Louis de Secondat, barón de La Brède y de Montesquieu (1689-1755), fue un filósofo, político, jurista e historiador francés, al que se lo considera como uno de los pensadores con mayor influencia en el período de la ilustración. Escribió varias obras, entre ellas, se destaca “El espíritu de las leyes” en la que desarrolla su teoría de la separación de poderes en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, como forma de evitar la concentración de poder y la limitación de libertades individuales. “Sus ideas sobre la separación de poderes y la protección de libertades individuales influyeron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”
Montesquieu es considerado como creador de la política moderna y su pensamiento se mantiene vigente en el estudio y en las discusiones de ciencias políticas. Preconizaba la necesidad de establecer un equilibrio de poderes entre el legislativo, creador de leyes y fiscalizador de su correcta aplicación, por parte del ejecutivo, y el judicial que vela por mantener un equilibrio de funciones.
En un palacio de justicia de New York está grabada, en el frontispicio, en inglés, traducida al español, la siguiente frase: “La verdadera aplicación de la justicia es el más firme pilar de un buen gobierno”
Una justicia tomada, violada, en la que “metieron la mano” a propósito, gobernantes con aspiraciones dictatoriales, no puede ser el sustento de un buen gobierno, el desastre ocasionado, no tiene parangón en la historia de nuestro país. Se evidencia una mezcla maligna y destructora del poder del dinero, del poder político, del narcotráfico y el crimen organizado, con la ambición desmedida de muchos abogados y jueces, con destacables excepciones, que emiten sentencias absurdas, apartadas de la ley y de la lógica. Abundan los casos en que delincuentes capturados por la policía, por haber sido encontrados en delitos flagrantes, son liberados con extrema urgencia por jueces abrumados por el brillo del dinero, que pesa más que sus conciencias. Los casos planteados por la extraordinaria Fiscal General, Diana Salazar, reconocida por la revista, The Economist, como la “mujer más valiente de Latinoamérica”, cuentan con el respaldo del actual gobierno y demuestran palmariamente, que la corrupción ha invadido cortes nacionales, cortes provinciales, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), juzgados anticorrupción y ha contaminado a miembros de la policía y del ejército nacional. Es desconcertante atestiguar la incapacidad del Consejo de la Judicatura para nombrar jueces, en incontables intentos, porque los concursos son turbios, amañados y han estado orientados a otorgar nombramientos a individuos comprometidos con causas ilícitas. El complejo delincuencial encierra en su laberinto a asambleístas y a algunos partidos políticos.
La justicia ecuatoriana se ha engalanado con juristas ejemplares, cuyo legado, compartido con una pléyade de jurisconsultos (unos experimentados y otros jóvenes, honestos y brillantes), siembra una semilla de esperanza para lograr un cambio total de esta hecatombe judicial.
El país no mejorará si no se limpia a la justicia. Se suman voces y acciones que luchan por ese cambio, entre ellas, sobresalen profesionales, con exquisita formación, en el país y en el extranjero, que aúnan sus conocimientos y destrezas legales a excelentes dotes periodísticos que, fusionados, expresan, con rebeldía, su total inconformidad con la presencia de abogados, jueces, fiscales y funcionarios judiciales que no entienden que tienen en sus manos la vida de individuos y de familias enteras, como si fueran verdaderos “dioses terrenales”. Atravesamos una época llena de recelo y de temor de las actuaciones de algunos fiscales y jueces, cuyas resoluciones llenan de dudas y encajan en esta justicia harapienta que urge ser restaurada y revestida con el brillo de la verdad y con el equilibrio de la aplicación correcta y honesta de las leyes, alejado de la codicia, de la narco política y del poder degenerado.
No podemos permitir que vuelvan las órdenes semanales, que emitía el prepotente mandatario a juzgados y tribunales, por él intervenidos, para que procesen, enjuicien, apresen y torturen a las personas que no compartían su línea política.
El país debe devolver a la justicia, la dignidad y rescatar, para ella, la capacidad de equilibrar la gestión legislativa, la gestión ejecutiva, y el respeto a las libertades individuales y a la libre expresión. Sólo la justicia rehabilitada culminará con el crimen organizado, con la narcopolítica y con el avasallador desorden nacional.