Los bloques Unes y Pachakutik lograron la aprobación, la semana pasada, de reformas a la Ley de Comunicación. Foto: Cortesía
El periodista Leonardo Gómez recibió una llamada del actual alcalde de Durán, Dalton Narváez, en la que le advirtió, entre otras cosas, que se verían en tribunales. Ocurrió en febrero tras la publicación de un reportaje en el que el reportero denunciaba las falencias crónicas de esta ciudad ubicada al otro lado del río Guayas, frente a Guayaquil.
En el mismo cantón, y por una docena de veces, el periodista Charly Castillo ha sufrido agresiones que van desde golpes hasta amenazas de muerte, todas relacionadas con las notas que publica en su medio digital, El Ferrodiario.
En enero del 2021, el expresidente Abdalá Bucaram amedrentó a la periodista Dayanna Monroy, reportera y presentadora de noticias a través de un video que circuló públicamente. Días después, el político demandó a la comunicadora en la Fiscalía por el cargo de presunto delito de revelación ilegal de base de datos.
A esto se suma la condena a 10 días de prisión que sufrió Juan Sarmiento, periodista de la provincia de Napo, en 2020 por cuestionar el accionar del gobernador de turno durante el inicio de la pandemia por coronavirus.
Estos casos son una muestra de la relación áspera que mantiene la prensa con el poder en Ecuador.
Nueva ley
La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas a la Ley de Comunicación. Los legisladores de Pachakutik y el correísmo aprovecharon que la iniciativa presentada por el presidente Guillermo Lasso no consiguió los votos necesarios para votar a favor de un informe de minoría, elaborado por ellos.
Este proyecto fue enviado para la sanción de Lasso, que tiene 30 días para ratificar, modificarlo parcialmente o vetarlo. Desde Carondelet han anticipado que la decisión será el veto total.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach, manifestó que es “satisfactorio que el presidente Lasso haya comprendido que no puede haber democracia sin libertad de prensa”.
Por su parte, Marcela Holguín, vicepresidenta de la Asamblea y proponente de la iniciativa, señaló que la reforma aprobada no regula la opinión ni permite sanciones penales. La legisladora era una de las defensoras de la Ley de Comunicación impulsada por el expresidente Rafael Correa, conocida como ‘ley mordaza’, la que pretendía reformar Lasso.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, señaló que era impensable que “solo tres años después de haberse iniciado el proceso de limpieza de la ‘ley mordaza’ veríamos un nuevo intento por restablecer todo su poder restrictivo contra el periodismo independiente”.
Agresiones en alza
Según la organización Periodismo sin Cadenas, durante el primer semestre de 2022 se registraron 300 agresiones a la prensa, la mayoría durante el paro nacional. En un informe señala que la cifra casi triplica a la del semestre anterior.
Para César Ricaurte, director de Fundamedios, parte del problema radica en que desde el poder no se entiende el papel de la prensa. Una muestra de eso sería el pedido de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri a Lasso de retirar la publicidad oficial al diario Expreso por los reportajes en los que se critica su gestión al mando de la ciudad.
“Es grave, ya que se demuestra que concibe a la publicidad oficial como un sistema de premios y castigos”, señaló Ricaurte. Considera que se debe revisar el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en pauta, ya que la podrían estar manejando como una suerte de presión a las líneas editoriales de los medios regionales, que necesitan de esos recursos económicos para sobrevivir.
Lasso no respondió al pedido de Viteri, realizado en plena sesión solemne por los 487 años de la fundación española de Guayaquil. Sin embargo, casi 24 horas después, condecoró al director del medio señalado por la alcaldesa.
Reforma
La reforma a la Ley de Comunicación fue aprobada por 75 votos a favor, 21 en contra y 30 abstenciones.
El oficialismo votó en contra y hubo 30 abstenciones del PSC, la ID y parte de Pachakutik que catalogaron al texto como nueva ‘ley mordaza’.
La Secretaría de Comunicación dijo que el Gobierno rechaza enfáticamente la aprobación de una Ley de Comunicación ‘mordaza’.
También aseguró que el documento aprobado intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución.
El Gobierno anticipó que evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia.
El anuncio fue tomado como un anticipo a un veto total a la reforma. Esto fue saludado por la Sociedad Interamericana de Prensa.
Veto
La ley otorga al Presidente de la República la opción de ratificar el paquete de reformas enviadas por la Asamblea Nacional, o de vetarlo de manera total o parcial.