En Ecuador, cada ajuste económico, variación climática, inundaciones, problemas en las vías… suelen convertirse en un atractivo para la especulación. La reciente eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón desde el 13 de septiembre de 2025, fue aprovechada para este tipo de prácticas.
La reacción inmediata de ciertos intermediarios y comerciantes fue incrementar los precios de los productos de primera necesidad, pese a que los costos reales no lo ameritaban.
La Asociación Logística del Ecuador (Asolog) y el Clúster Logístico del Ecuador, que agrupan a empresas de carga, recién anunciaron que se debe renegociar los contratos de transporte y pidieron que se lo haga con criterios técnicos. En los mercados ya hubo aumentos.
La especulación castiga a los sectores más vulnerables, quienes cuentan con menos recursos para acceder a los productos de la Canasta Vital. Por ello, es importante que el Gobierno ejerza un control constante y en todo el país para evitar alzas injustificadas de precios.
En el último fin de semana, 297 mercados fueron supervisados y 2 524 locales comerciales inspeccionados. El Régimen anunció que se entregaron 126 citaciones.
Estos números revelan que la especulación no es un fenómeno aislado, sino una conducta que, lamentablemente, se ha enquistado en Ecuador.
Si bien existe la Ley de Defensa del Consumidor y el COIP establecen sanciones, estas no serán suficientes si no hay un cambio de conciencia.
La verdadera solución exige un compromiso entre ecuatorianos. Eso significa que los consumidores denuncien, los productos alerten y que los intermediarios y comerciantes resistan la tentación de subir los precios. Además, que las autoridades nacionales y locales mantengan una vigilancia constante.
Otro ámbito de control y sanción se relaciona con quienes riegan rumores relacionados con productos sensibles como el gas, gasolina… El daño no afecta solo a un grupo, sino a toda la sociedad.