La decisión de la Corte Constitucional del 7 de febrero de 2024 abrió un camino inédito en la historia jurídica y social del país: la despenalización de la eutanasia. Este fallo, motivado por la demanda de Paola Roldán, reconoció el derecho a una muerte digna para quienes enfrentan enfermedades graves, incurables o lesiones irreversibles.
Desde entonces, el Ministerio de Salud Pública intenta llenar el vacío con un reglamento técnico, gracias al cual se registró ya el primer procedimiento oficial en Guayaquil, en mayo de 2025.
Las familias merecen claridad y reglas justas, no más silencios legislativos
Sin embargo, esa respuesta administrativa es insuficiente. El propio fallo constitucional estableció la necesidad de que la Asamblea Nacional apruebe una ley que regule de manera integral esta práctica. El Legislativo recibió el proyecto en 2024, pero el trámite aún permanece en la Comisión de Derecho a la Salud, sin llegar siquiera al primer debate. A puertas de la segunda práctica de la eutanasia, el país sigue sin contar con un marco jurídico completo que brinde certezas a pacientes, familias y profesionales de la salud.
Los testimonios de quienes solicitan la eutanasia, como el de Renato Ortuño, ponen en evidencia la urgencia de reglas claras. Hoy, cada trámite depende de interpretaciones judiciales y protocolos administrativos que no sustituyen a una ley con rango normativo. Esto genera inseguridad, prolonga el sufrimiento de los enfermos y somete a las familias a un laberinto de procedimientos.
La discusión legislativa no debe reducirse a posturas ideológicas. Se trata de dar cumplimiento a un mandato constitucional y de garantizar derechos reconocidos. Una norma integral permitiría establecer salvaguardas éticas, protocolos médicos claros y mecanismos de control, evitando tanto la arbitrariedad como la desprotección.
El Ecuador ya ha dado pasos significativos con la jurisprudencia y con la aplicación de los primeros casos. Pero sin la ley, el derecho reconocido queda en un terreno frágil, sujeto a discrecionalidades. El país necesita que la Asamblea Nacional cumpla su responsabilidad y salde esta deuda pendiente con la sociedad, para que la eutanasia sea un derecho ejercido con dignidad, transparencia y certeza jurídica.