El número de incendios forestales en Ecuador cayó de forma significativa en 2025 frente a 2024. Pero, el país no puede relajarse. Entre el 1 de enero y el 9 de septiembre del año pasado se registraron 2 621 incendios que destruyeron 29 812 hectáreas de vegetación. En el mismo periodo de este año hubo 817 incidentes y 4 664 hectáreas afectadas. En consecuencia, la extensión perdida es 6,4 veces menor.
Si bien las cifras muestran un alivio parcial en la temporada seca. Aun así, la magnitud de la pérdida exige atención. Agosto continúa como el mes más crítico en ambos años. En 2024 concentró el 65% del área quemada y septiembre un 9,4%. Agosto 2025 acumuló el 72,5% de la superficie afectada y los primeros días de septiembre ya suman un 15,7%. En consecuencia, el fuego golpea con más fuerza en pleno pico de la sequía. Cada incendio masivo se multiplica en focos secundarios si la detección no es inmediata.
Las provincias afectadas por incendios forestales entre 2024 y 2025 son diferentes y notorias. En 2024 destacaron Loja, Azuay, Pichincha, Carchi, Imbabura y Guayas con más de 1000 hectáreas destruidas.
En cambio, en 2025 la situación se concentra en Imbabura, que acumula el 39% de la pérdida nacional. El resto se reparte entre El Oro, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Guayas y Pichincha.
Que Imbabura encabece la lista es una alerta mayor. Allí confluyen condiciones que facilitan la expansión del fuego: vientos fuertes, suelos secos y vegetación en áreas protegidas. Además, parte de los incendios alcanzó al Parque Nacional Cotacachi Cayapas, uno de los refugios de biodiversidad más importantes del país. En consecuencia, el daño amenaza fuentes de agua, especies únicas y comunidades que dependen del bosque.
Por otra parte, la reducción de incendios no debe ocultar los vacíos en control y prevención. Se necesitan brigadas locales mejor equipadas, con apoyo logístico para agua, transporte y aeronaves. La coordinación interinstitucional y los protocolos para sofocar los focos en el menor tiempo posible son clave. Igualmente es indispensable frenar la quema agrícola sin control y sancionar con rigor la irresponsabilidad ciudadana. La ley es clara y debe aplicarse.
En suma, la mejora de 2025 frente a 2024 es positiva. No obstante, la concentración del daño en Imbabura y en la reserva Cotacachi Cayapas demuestra que basta un error humano o un cambio climático extremo para desatar un nuevo incendio. Por eso la prevención debe mantenerse constante, con campañas de educación ambiental y sistemas de alerta temprana. Solo así se podrá reducir aún más el impacto y proteger lo que aún queda en pie.