La Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado abrió una instrucción fiscal de 90 días en la causa donde consta un policía procesado por venta de pases policiales en Quito.
La imputación recae sobre el uniformado en servicio activo Luis Felipe C. F., señalado por el presunto delito de oferta de realizar tráfico de influencias tras pedir depósitos bancarios a compañeros de tropa a cambio de interceder por traslados hacia dependencias policiales específicas.
Medidas cautelares al policía procesado por venta de pases policiales en Quito
Durante la comparecencia judicial, la jueza anticorrupción a cargo del expediente acogió los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público e impuso al procesado medidas cautelares de carácter personal.
Estas disposiciones comprenden la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente una vez por semana ante la Fiscalía y la instalación obligatoria de un dispositivo de vigilancia electrónica.
De igual manera, se dictaron medidas reales para inmovilizar sus finanzas, consistentes en la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.
Origen del caso y técnicas especiales de investigación
La fiscal perteneciente a la Unidad Nacional de Transparencia 4 relató que las indagaciones arrancaron el 10 de abril a partir de reportes entregados por la Sección de Investigación de Conducta Policial, sobre una supuesta estructura irregular que captaba agentes en la capital.
Dentro de la fase reservada, los peritos ejecutaron seguimientos de campo, vigilancias directas, toma de versiones y la interceptación legal de comunicaciones para determinar la dinámica empleada al contactar a los servidores policiales e identificar al policía hoy procesado por venta de pases policiales en Quito.
Allanamientos y evidencias levantadas en Iñaquito
En el marco de las diligencias operativas desarrolladas el 27 de agosto, comitivas fiscales y policiales intervinieron dos inmuebles situados en Quito, como se informó en una nota periodística publicada en este medio el pasado jueves.
Uno de los puntos inspeccionados correspondió a las instalaciones de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) perteneciente al circuito Iñaquito. En los registros, los agentes levantaron como evidencias una computadora portátil y un teléfono celular, artículos que ingresaron a cadena de custodia para las pericias tecnológicas.
Mecanismo de pago y tipificación penal en el COIP
Las pesquisas determinaron que las sumas monetarias requeridas a los uniformados eran canalizadas de manera directa hacia una cuenta bancaria personal perteneciente al imputado.
El marco jurídico aplicado corresponde al artículo 286, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que sanciona el delito de oferta de realizar tráfico de influencias con penas que oscilan entre tres y cinco años de privación de libertad.