Las operaciones marítimas internacionales desplegadas en aguas abiertas derivaron en severos reclamos sobre el respeto a los derechos humanos. A través de una investigación exhaustiva, EFE informa que Human Rights Watch (HRW) solicitó a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos transparentar la base legal utilizada por marines norteamericanos para destruir ocho embarcaciones ecuatorianas en el océano Pacífico, además de demandar el esclarecimiento inmediato de presuntos abusos físicos denunciados por las tripulaciones.
Denuncias de vulneraciones a derechos humanos en altamar
Las intervenciones armadas contra los navíos pesqueros ocurrieron entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026 en el marco de maniobras bilaterales. Las unidades fueron interceptadas y bombardeadas bajo la hipótesis de que servían como plataformas flotantes de aprovisionamiento de combustible para lanchas destinadas al envío de alcaloides hacia Norteamérica.
Del mismo modo, se vinculó a los marineros con Los Choneros, banda catalogada como terrorista por Washington y asociada al mexicano Cartel de Sinaloa. No obstante, el informe advierte que ni las autoridades ecuatorianas ni las estadounidenses presentaron evidencias sólidas que relacionen individualmente a los ocupantes con algún delito.
Testimonios de agresiones físicas y coacciones
Para sustentar la indagación, la organización no gubernamental recopiló los relatos de 27 personas, entre capitanes, marineros, abogados y parientes directos, complementados con la revisión de informes judiciales y material audiovisual.
En sus declaraciones, varios afectados expusieron que fueron golpeados y amenazados por uniformados para obligarlos a autoincriminarse en actividades de tráfico de combustible, además de haber sido forzados a suscribir actas y documentos redactados en términos que no comprendían, lo que contraviene los estándares internacionales sobre derechos humanos.
Resoluciones judiciales y falta de pruebas materiales
La situación procesal de las personas capturadas refleja notorias inconsistencias jurídicas. Un total de 90 tripulantes afrontan procesos penales en Ecuador, según EFE, por supuesta asociación ilícita mientras permanecen en libertad; a su vez, 56 ciudadanos fueron liberados luego de que los jueces de Garantías Penales declararan sus detenciones como arbitrarias e ilegales, y otros 14 trabajadores ni siquiera llegaron a ser presentados ante un magistrado.
Durante las audiencias previas, delegados de la Policía Nacional y la Armada del Ecuador reconocieron ante la justicia que las tropas extranjeras no aportaron evidencias materiales y que las instituciones locales tampoco lograron levantarlas.
Exigencia de salvaguardias y marco jurídico bilateral
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, señaló que el combate a las economías criminales en el mar constituye una tarea relevante, pero remarcó que las fuerzas de seguridad no tienen atribuciones para privar de la libertad a ciudadanos sin pruebas, destruir embarcaciones ni cometer actos contrarios a los derechos humanos.
La portavoz enfatizó que el derecho internacional prohíbe de forma taxativa las capturas sin fórmula de juicio y los tratos crueles o degradantes, exhortando a ambas administraciones a definir salvaguardias rigurosas que eviten criminalizar a pescadores con indicios cuestionables.