Comisión del caso Encuentro entregará informe hasta el 23 de febrero

En imagen los asambleístas que conforman la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Foto: Asamblea

La Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el denominado caso Encuentro avanzó este lunes 13 de febrero del 2023 con la recepción de testimonios y documentos relacionados con la supuesta trama de corrupción en empresas públicas.

En el cronograma de la comisión estaba previsto que este día se cierre la fase de comparecencias, para empezar con el análisis de la información recopilada.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz (Unes), informó que se decidió ampliar hasta el miércoles para una nueva intervención de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

La asambleísta Veloz señaló que Salazar se encuentra “preocupada” por la rotación de un equipo de 37 policías investigadores que colaboraban con la Fiscalía. Por lo que pidió al ministro del Interior, Juan Zapata, que deje sin efecto la medida.

Salazar ya compareció el viernes pasado en esta comisión, y detalló los avances de la investigación; entre esos que requirió 51 versiones, 12 allanamientos y 315 pedidos de información.

En 10 días se entregará el informe

De acuerdo con el cronograma, la Comisión prevé entregar un informe hasta el 23 de febrero. Aunque no tiene el carácter de vinculante, el documento deberá ser debatido por los 137 asambleístas.

Veloz rechazó que el presidente Guillermo Lasso, así como el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el comandante de la Policía, Fausto Salinas, se excusaran de comparecer este lunes como estaba previsto.

“Nosotros hacemos un llamado, nuevamente, al Presidente de la República porque, como lo dije anteriormente, estamos en una cuenta regresiva: 10 días para que la Comisión pueda trasladar este informe al Pleno de la Asamblea con sus conclusiones y recomendaciones”, dijo.

Posibles responsabilidades políticas

Veloz señaló que en este caso la propia Fiscalía investiga delitos como concusión, cohecho, lavado de activos, algo que -dijo- podría dar lugar a que el Parlamento establezca “responsabilidades políticas para varios funcionarios”.

Gruber Zambrano, delegado del oficialismo, remarcó que Lasso «no se prestará para un show y que le falten el respeto». Añadió que tampoco tenía la obligación legal de presentarse al Parlamento.

«Ya está escrito, ya está dicho que esta Comisión va a dar un informe negativo para el Presidente (…). Lo que quieren es llevarlo a juicio político y desestabilizar la democracia en el país», dijo una vez que Guillermo Lasso no acudió a la Asamblea.

Documentos

Entre los últimos en comparecer estuvieron el ministro del Interior, Juan Zapata; y Ánderson Boscán, del medio digital La Posta. Zapata dijo que analizará el pedido de la Fiscalía de que se revea la rotación del personal policial.

Boscán, por su lado, responsabilizó al Gobierno de su seguridad y la de los colaboradores del medio de comunicación. Esto, tras entregar unas cajas negras, que aseguró contenían 35 000 documentos sobre la supuesta trama de corrupción.

Eran copias de contratos de eléctricas y otras empresas que no resultaron información nueva para asesores de asambleístas, pues ya habían requerido estos datos a las instituciones.  

“Esto ya no se trata de un caso de corrupción política, lo que hemos expuesto, pasó de los delincuentes de cuello blanco, al de las mafias internacionales”, denunció en el atril del exsenado.

El comunicador aludió a un informe reservado de la Policía Nacional antinarcóticos, que describe una estructura dedicada al narcotráfico e involucra a la mafia albanesa, y que habría sido cerrado sin un sustento legal.

“En el 2021 se tuvo conocimiento, que Chérrez y Carrera tenían relación con esta organización, Chérrez frecuentaba a ciudadanos referentes a la mafia albanesa, el informe de antinarcóticos asegura que, Chérrez buscaba posesionar a ciudadanos afines a su persona dentro del actual Gobierno”, sostuvo.

Boscán también presentó los transcritos de las conversaciones que Rubén Chérrez tenía con diferentes personajes del Gobierno, para colocar personas en puestos públicos claves. Sostuvo que los audios tienen valor probatorio, puesto que han sido solicitados por un fiscal y autorizados por un juez.

Información reservada

En sesión reservada, la Comisión requirió al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre los movimientos tributarios de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso; así como de los empresarios Rubén Chérrez y Leonardo Cortazar.

Asimismo, a la Superintendencia de Compañías se le requirió información sobre empresas relacionadas con estas personas.


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