Como ya no se podrá eliminar más subsidios, se mantendrá un déficit fiscal pernicioso, que impide la inversión pública y retrae a la inversión privada, porque el riesgo país del Ecuador continuará alto. Algunos creen que se debe disminuir el gasto público, pero no es posible porque es indispensable para financiar la carencia de los paupérrimos servicios de salud, educación, seguridad, fuerzas armadas y funcionamiento de la gestión gubernamental en todo el país.
O es que queremos eternizar la pobreza cuando no invertimos para educar con ciencia y tecnología, para no solo exportar materias primas, sino productos industrializados de alto valor agregado, a base de potenciar el talento de nuestros jóvenes.
La desigualdad que sufre nuestra gente se debe a la expoliación de los privilegiados y al egoísmo de las élites económicas. Para financiar una vida mejor solo quedan pocas alternativas, como cobrar a los poderosos que evaden o eluden los impuestos a la renta, al IVA, al de salida de capitales. Cobrar también a los deudores del IESS, que no han pagado sus obligaciones, aun habiendo retenido los aportes personales de sus empleados.
Además, según datos de “Gestión Digital” las exoneraciones tributarias a los sectores de altos ingresos representaron en 2023 la suma de 5 776 millones de dólares, privilegios que bien pueden ser revertidos rápidamente con decisión política. De otro lado, la evasión estructural en el impuesto a la renta se calcula en el 60% y en el IVA el 25 %, que debe ser corregida con coraje y justicia, sin necesidad de nuevas leyes, sino afectando los influyentes evasores, para subir los ingresos fiscales, sin tener que aumentar ningún impuesto. Aquí tiene el Presidente Noboa la oportunidad de corregir esta ignominia.
Las transferencias del Estado al IESS, ISSFA e ISSPOL sobrepasan los 3 300 millones de dólares cada año, lo que significa que los no afiliados contribuyen indirectamente a sufragar los gastos de salud y pensiones de los que sí están afiliados a la Seguridad Social. Esto debe remediarse con apoyo político para recaudar mejor los ingresos, incluso obligando la afiliación de todos los trabajadores, para disminuir la informalidad.
Con voluntad política todo esto es posible. Si no se ha hecho hasta ahora es porque no se ha querido afectar a los deudores poderosos, que han medrado de “privilegios estructurales”.
Todo esto amplía la brecha de la desigualdad económica y social de 4 millones de ecuatorianos pobres, brecha que incide directamente en la convulsión política que sufrimos y sufriremos todos, mientras no se actúe decisivamente para vivir con justicia social.