Despidos y oportunidades
Si bien el gobierno pretende reducir el abultado e ineficiente número de empleados públicos que, en ocasiones, vienen a entorpecer los trámites a nivel burocrático, sin contar con el despilfarro económico de los recursos públicos que esto representa; resulta importante analizar ciertos aspectos que derivan de esta decisión para someterlos a un juicio y ver su lado positivo y negativo. Personalmente y, a decir de muchos compatriotas, esta medida resulta dolorosa para los perjudicados, pero debemos entender que, de todos modos ellos, por corto o largo tiempo, ya gozaron de estos beneficios; mientras, por el contrario, existen muchos profesionales preparados incluso de cuarto nivel con excelentes currículos, que han permanecido y permanecen en la desocupación y que, como ecuatorianos, también merecen gozar de estos beneficios; desde luego, no sin antes revisar minuciosamente sus antecedentes, títulos y merecimientos; dejando de lado su edad cronológica pues, por falta de vacantes han permanecido mucho tiempo en la desocupación y el abandono. En tal virtud, nos preguntamos ¿Por qué el Ministerio correspondiente no abre una carpeta de inscripciones para que los adultos y jóvenes que, pese a su excelente currículum, por falta de palancas, “padrinazgos” y conexiones, no han podido trabajar por largo tiempo, en los miles de empleos públicos, puedan acceder a ocupar esas vacantes? Claro que no en un 100 % porque, según el gobierno, lo que se trata es de reducir considerablemente el tamaño del Estado.
Ojalá y las personas involucradas en este asunto, puedan analizar este clamoroso pedido para que, al menos en esta ocasión, la justicia se haga presente y sea un poco más equitativa, justa y empática con los ecuatorianos honestos y trabajadores que tanto lo necesitan.
Fabiola Carrera Alemán
La Troncal Amazónica: una deuda con la vida y los derechos
La Troncal Amazónica, que atraviesa las provincias de Orellana y Sucumbíos, muestra un panorama alarmante: carreteras deterioradas y puentes construidos hace más de cuarenta años que hoy representan un grave peligro. Estas vías, esenciales para la movilización de la región y para la industria petrolera que utiliza camiones de gran tonelaje, tráileres y maquinaria pesada, se encuentran al borde del colapso. El ejemplo más crítico es el puente del kilómetro 52 de la vía Coca–El Auca, cuya estructura dañada pone en riesgo inminente a quienes lo cruzan, mientras las autoridades permanecen indiferentes.
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 3, numeral 1, que es deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los derechos sin discriminación. El artículo 14 reconoce el derecho de la población a un ambiente sano, lo que incluye infraestructura segura. A su vez, el artículo 394 dispone que el Estado debe garantizar la libertad de transporte y la seguridad vial. La realidad de la Troncal Amazónica contradice estos mandatos. En el plano internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, mientras que el Pacto de San José, en sus artículos 4.1 y 5.1, garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral. La precariedad de las carreteras amazónicas vulnera directamente estos compromisos.
La Corte Constitucional ha sostenido que la omisión estatal frente a riesgos que amenazan la vida constituye violación de derechos, y la Corte Nacional de Justicia ha subrayado que la infraestructura pública es esencial para los derechos colectivos, especialmente en territorios marginados. La advertencia realizada por la nacionalidad Siekopai (Sjuwar) sobre el peligro del puente del km 52 refleja esa realidad. Sin embargo, sus legítimos reclamos corren el riesgo de ser criminalizados. Exigir seguridad vial no es un delito, es un ejercicio legítimo de derechos.
La intervención en la Troncal Amazónica es urgente. Reparar carreteras y puentes no es un favor político: es una obligación constitucional e internacional. La Amazonía no puede seguir tratándose solo como tierra de extracción, sino como un territorio de vida, cultura y derechos. Y el tiempo sigue su marcha..!
Elio Roberto Ortega Icaza