¿Cuál es el propósito de endeudar al BIESS si ya tiene dinero?
Todos tenemos que apoyar al gobierno en las buenas acciones que geste alrededor del tema de seguridad. La Canciller Sommerfield debe seguir jugando un papel estratégico junto al presidente, para ser gestores y sagaces receptores de una adecuada e institucionalizada cooperación internacional. Pese a que detentamos el récord de ser el segundo país en el mundo con más asesinatos por cada 100 mil habitantes, sabemos que Dios sabrá guiar a nuestros gobernantes y los inspirará a buscar unir fuerzas para librar al mejor país del mundo del crimen terrorista y narcotraficante, como tenemos toda la fe que ocurrirá. Pero en medio de esta encarnizada lucha, el Ecuador y sus millones de afiliados y jubilados se preguntan, ¿cuál es el propósito de endeudar al BIESS, si ya tiene dinero? (W. Spurrier). Tal y como ocurrió con la tragedia de endeudar a nuestro país en lugar de usar la liquidez que venía tras el boom petrolero, podría ocurrir, de no recibir dictamen de inconstitucionalidad, que el proyecto de ley planteado por el gobierno quiebre al fondo de pensiones. El estado adeuda ya 25 mil millones de dólares a la Seguridad Social, y el gobierno así no apunta a solucionar este problema, sino que este insólito proyecto comprometería seriamente su liquidez al plantear ‘operaciones de reporto’, un fondeo garantizado con los propios activos del Banco (V. López). El estado debe al IESS 25 mil millones de dólares. Dejemos que el Banco del Pacífico pase, como parte de pago, a propiedad del BIESS -que maneja los recursos del IESS (H. Llanes). Hagamos que el BIESS sea banca de primer piso, para que capte directamente recursos, dinamice la economía y compita con los otros bancos. Necesitamos empresas públicas cada vez más eficientes, que compitan en todos los sectores estratégicos en este imperfecto mercado: CNT, Ferrocarriles, Banco del Pacífico, Seguros Sucre -empresa que, después de ser intervenida y saneada debe ratificarse su control público: son como $800 millones de dólares por pago de primas anuales en los distintos tipos de riesgos asegurados (incendio, transporte, vehículos, robo, responsabilidad civil, etc.) que el Estado debe ahorrarse, porque ese dinero va, de un bolsillo público (ministerios, etc.) a otro también público. Jamás pueden pasar intentos de restar soberanía pública a nuestra estratégica electricidad o al agua -cuyas aguas minerales pasaron, años atrás, sin que la mayoría se entere- a manos privadas extranjeras. Eliminemos los miles de puestos políticos de ‘libre remoción’, con lo que se ahorrarían otros $1.000 millones de dólares al año. Dejemos, para reactivar la economía (más empleo, más encadenamientos productivos, más mejoras tributarias), que ingresen más bancos internacionales a competir con los actuales, así como busquemos que llegue más inversión en áreas donde sea clara y transparentemente factible invertir, se generen adecuadas regalías y empleo adecuado, y no en aquellas, como aquel proyecto minero en Loma Larga en Tarqui, Cuenca, donde la población claramente se expresó en contra. Propongamos políticas y proyectos sostenibles, de beneficio de la gran mayoría, que devuelvan la paz (J.D Valdivieso R.), y dejemos de lado propuestas que no generan adhesiones ni favorecen la gobernabilidad, como esta de pretender financiar al presupuesto 2026 con otros 5 o 6 mil millones del IESS, institución que millones de ecuatorianos no dejarán que se destruya o se intente privatizar.
Diego Fabián Valdivieso Anda
Asesinato y femicidio en Ecuador: cuando la vida se convierte en cifra
En un país donde las cifras de violencia se multiplican y el dolor se normaliza, resulta imprescindible hablar con voz firme y conciencia crítica sobre dos de los delitos más atroces que contempla nuestro ordenamiento penal: el asesinato y el femicidio. Ambos representan no solo una afrenta directa al derecho más sagrado, que es la vida, sino también un espejo roto que refleja las grietas más profundas de nuestra sociedad.
Dos delitos, una misma pena… ¿La misma gravedad? En el Ecuador, tanto el asesinato como el femicidio están sancionados con penas que van de 22 a 26 años de privación de libertad, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, pese a compartir la misma escala sancionatoria, cada uno obedece a realidades distintas que deben ser comprendidas y tratadas con enfoques diferenciados.
El asesinato, tipificado en el artículo 140 del COIP, es un homicidio agravado por circunstancias especialmente reprochables: alevosía, recompensa, ensañamiento, o el uso de medios que ponen en peligro a otras personas. Son crímenes cometidos con frialdad, cálculo o por interés personal, y reflejan un desprecio absoluto por la vida humana.
En cambio, el femicidio, previsto en el artículo 141 del COIP, es el asesinato de una mujer motivado por razones de género. No es solo un acto violento: es el desenlace letal de un ciclo de dominación, discriminación y violencia sistemática contra la mujer por el hecho mismo de serlo. Se trata de un delito profundamente enraizado en estructuras culturales machistas que aún sobreviven en muchos rincones de nuestro país.
Más que datos, tragedias humanas.- Según datos de la Fiscalía General del Estado y del INEC, tanto los asesinatos como los femicidios continúan ocurriendo con alarmante frecuencia. Cada número en las estadísticas representa una historia rota, una familia destruida, una vida apagada. No basta con contar los casos: hay que entender sus causas y combatirlas desde la raíz.
No basta con castigar, hay que prevenir.- El derecho penal cumple una función represiva, pero la solución real está en la prevención social. Ninguna pena, por severa que sea, devolverá la vida arrebatada. Por eso, el Estado y la sociedad deben apostar por políticas públicas que promuevan la educación en derechos humanos, el respeto a la diversidad, la igualdad de género, y el acceso real a la justicia.
Es urgente dejar de mirar estos crímenes como hechos aislados. Son síntomas de una enfermedad social que necesita tratamiento estructural: educación con enfoque de género, apoyo psicosocial, protección efectiva a víctimas y políticas integrales de seguridad.
Una responsabilidad colectiva. – La justicia no solo se escribe en los códigos penales. Se construye día a día, con conciencia, empatía y compromiso ciudadano. El asesinato y el femicidio no son temas solo para jueces o fiscales. Son asuntos que nos interpelan a todos: como padres, docentes, líderes, comunicadores, abogados, servidores públicos y ciudadanos.
Cada vez que una vida es arrebatada por la violencia, algo se quiebra en el alma del país. No podemos acostumbrarnos. No podemos callar. No podemos permitir que el tiempo siga su marcha… como si nada pasara. Y el tiempo sigue su marcha..!
Elio Roberto Ortega Icaza