El debate sobre el ITT-Yasuní y la solución a la crisis financiera estructural del IESS constituyeN probablemente la discusión más trascendental del Ecuador contemporáneo. No se trata únicamente de un conflicto entre petróleo y naturaleza, sino de una confrontación más profunda entre dos modelos de país: uno sustentado en la preservación absoluta del patrimonio ambiental y otro basado en la utilización estratégica irrespetuosa con el medio ambiente, de los recursos naturales para financiar desarrollo, infraestructura, seguridad y estabilidad económica.
Desde la aparición de la Iniciativa Yasuní-ITT en 2007, el país ha vivido una tensión política, económica y moral permanente. La propuesta original consistía en dejar bajo tierra aproximadamente 850 millones de barriles de petróleo a cambio de una compensación internacional equivalente a una fracción de los ingresos potenciales que Ecuador dejaría de percibir. La idea fue considerada innovadora y recibió atención mundial por intentar transformar la lógica tradicional del desarrollo extractivo.
Sin embargo, la iniciativa fracasó en su objetivo central: el financiamiento internacional nunca llegó en la magnitud esperada. El mundo admiró la propuesta ecuatoriana, pero no estuvo dispuesto a pagar por ella. Esa experiencia dejó una lección geopolítica decisiva: los países ricos apoyan discursivamente la conservación amazónica, pero rara vez están dispuestos a asumir el costo económico real que implica para las naciones en desarrollo.
De otro modo, tendríamos derecho como país al cobro de los créditos carbono por todo el CO2, que absorben nuestros parques y reservas naturales. Eso no se menciona, y esa debería ser la tarea a la que se dediquen los ambientalistas y ecologistas yasunidos. De lograrlo, significaría maestros, recursos para ellos y para el país.
Precisamente allí emerge uno de los argumentos centrales presentes tanto en múltiples análisis económicos como en varios artículos y reflexiones asociadas al debate. Ecuador no puede darse el lujo de renunciar abruptamente a uno de sus activos estratégicos más importantes mientras continúa enfrentando pobreza estructural, déficit fiscal, inseguridad y falta de competitividad productiva.
El bloque ITT no representa un campo petrolero cualquiera. Durante años llegó a aportar cerca del 12 % de la producción nacional de petróleo. En una economía dolarizada y altamente dependiente de divisas, reducir de manera acelerada esa producción implica presionar las cuentas fiscales, aumentar endeudamiento y deteriorar la balanza externa a más de afectar las rentas de los GAD y la educación de tercer y cuarto nivel. Algo imposible en un país racional.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a una narrativa romántica entre “naturaleza buena” y “petróleo malo” (y recursos minerales). La pregunta real es: ¿con qué reemplaza Ecuador esos ingresos en el corto plazo?
Hay múltiples países que han desarrollado sus recursos petroleros, compatibilizando los dos temas con nuevas tecnologías de extracción y buenas prácticas ambientales como se realizan en Noruega, norteamérica, Perú, Guayana, Brasil, Argentina, etc., para nombrar a unos pocos
Los defensores del cierre del bloque 43-ITT sostienen que el petróleo no es indispensable y que existen alternativas tributarias y fiscales. Algunos economistas en argumentado que el impacto fiscal sería manejable. Pero la teoría económica debe enfrentarse con la realidad institucional ecuatoriana. El país arrastra décadas de debilidad estructural estatal, evasión tributaria, bajo crecimiento, limitada, capacidad para sustituir rápidamente; además, en este punto se debe tener presente la altísima deuda que mantiene el Estado con el IESS, lo que lo tiene a esta institución, al borde del colapso
Cabe recordar que el bloque 43 apenas ocupa 0.001% del parque Yasuni, contemplándose apenas llegar a 300 ha. en su expansión total. Fácilmente el gobierno podría redibujar el mapa del parque agregándole entre 5 a 10 000 ha. Dejando afuera las 300 ha. del ITT.