Daniel Noboa impulsa una consulta popular que incluye una pregunta sobre el regreso de bases militares extranjeras al país. La iniciativa abre un debate sobre seguridad, soberanía y política internacional en un contexto de violencia criminal transnacional.
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La propuesta busca validar mediante el voto ciudadano una reforma parcial de la Constitución que ya superó los filtros de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Ahora, la decisión final recae en el electorado, que deberá pronunciarse en medio de una crisis marcada por el narcotráfico.
Ecuador ya tuvo presencia extranjera con la base de Manta, que operó entre 1999 y 2009. Su salida respondió al mandato de la Constitución de Montecristi, que prohibió expresamente instalaciones militares extranjeras en territorio nacional.
Impacto político sobre las bases militares en Ecuador en la consulta popular de Daniel Noboa
El consultor en comunicación política, Andrés Obando, explicó que la propuesta de Noboa tiene varias aristas electorales. En el plano internacional proyecta la imagen de un presidente dispuesto a forjar alianzas y combatir el narcotráfico. También conecta con la intensa agenda exterior que ha impulsado su gobierno.
En el plano interno, el discurso de soberanía pierde fuerza frente a la crisis de seguridad. A diferencia de 2008, cuando la Constitución de Montecristi prohibió las bases y el país no enfrentaba violencia como ahora, en 2025 la ciudadanía percibe la propuesta como una ayuda frente al narcotráfico.
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Obando señaló que la pregunta puede impulsar el resto de las propuestas de la consulta. Para sectores anticorreístas y moderados, esta iniciativa representa un motivo de apoyo adicional. Incluso podría atraer a grupos de izquierda sensibles al tema de seguridad.
Polarización y efectos en el mapa político
Obando advirtió que la campaña se polarizará. El anticorreísmo insistirá en que el correísmo se opone porque protege a organizaciones criminales. En contraste, el correísmo enmarcará el “sí” como un cheque en blanco a Noboa, similar a lo que ocurrió en la consulta de 2023 con Guillermo Lasso.
Según Obando, el oficialismo tiene capital político para que el argumento de seguridad resulte más efectivo que en procesos previos.
El regreso de bases también tendría un efecto en las relaciones internacionales de Ecuador. Obando prevé una mayor cercanía con Estados Unidos y países vecinos, lo que provocará reacciones de potencias como China, Rusia e Irán, que respaldan a gobiernos como Venezuela o Nicaragua.
El análisis geopolítico y de seguridad con las bases militares
Hernán Moreano, experto en seguridad, considera que el regreso de bases tendría dos implicaciones: geopolítica y de seguridad internacional. A nivel geopolítico serviría para contener la presencia de China en América Latina, en especial tras la construcción del puerto de Chancay en Perú con inversión china. Recordó que China entregó radares y tecnología a la fuerza naval de Ecuador.
Desde la perspectiva de seguridad, a Estados Unidos le interesa mantener su presencia en la región y reforzar la lucha contra carteles de droga.
El apoyo del Comando Sur incluye tecnología satelital, radares y sensores en el Pacífico, además de intercambio de inteligencia con Colombia, Perú y Costa Rica. Eso aumentaría la dependencia tecnológica y de inteligencia de Ecuador hacia Washington.
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Moreano señaló el ejemplo de Colombia, que recibió 8 mil millones de dólares en una década a través del Plan Colombia. A pesar de esa inversión, el país sigue como principal productor de cocaína y Estados Unidos como principal consumidor global. Para el experto, el combate al narcotráfico no ha tenido resultados sostenibles. Ecuador debe buscar superar estas experiencias y darle un giro estratégico.
La perspectiva constitucional
Edison Guarango, abogado constitucionalista, explicó que el regreso de bases es viable jurídicamente. La reforma parcial ya pasó por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, y la consulta popular representa el paso final del proceso. El pueblo será el encargado de decidir si la medida procede.
Según Guarango, la Constitución establece límites claros en seguridad. La Policía se encarga del orden interno y las Fuerzas Armadas de la defensa externa, pero sí permite esquemas de cooperación. Bajo ese principio, la instalación de bases se asimila a la presencia de embajadas o consulados, que son muestras de colaboración internacional.
El jurista destacó que la soberanía se respeta mientras existan tratados bilaterales con cláusulas claras y límites definidos. Los aspectos positivos incluyen mayor control de seguridad y cooperación internacional. Los negativos radican en que las fuerzas extranjeras no cumplan los objetivos de los acuerdos.
Seguridad y soberanía en debate que centra a Daniel Noboa
Para Guarango, un triunfo del “sí” reflejaría también un termómetro de la popularidad de Noboa. No obstante, subrayó que la consulta es un mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución y que no afecta el control de constitucionalidad.
La soberanía, dijo, no desaparece con la cooperación militar. Todo depende de cómo se regulen los tratados bilaterales y del respeto a los límites establecidos en cada acuerdo. La clave está en la capacidad de Ecuador de mantener el control sobre el marco jurídico.
Guarango insistió en que la experiencia mostrará si los convenios se cumplen o no. El diseño de los acuerdos definirá la utilidad real de la presencia extranjera en el país.
Beneficios y riesgos en seguridad
El experto en seguridad Wilson Goyes señaló que la instalación de bases extranjeras podría mejorar el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre. Ese apoyo tecnológico permitiría detectar y frenar rutas de drogas, siempre que exista coordinación regional con Colombia y Perú.
Advirtió, sin embargo, que depender de fuerzas extranjeras implica riesgos para la soberanía. La cooperación debe ajustarse a convenios de mutuo respeto para evitar presiones geopolíticas y pérdida de autonomía en la toma de decisiones. Además, el tema podría generar resistencia política y social.
Goyes recordó el antecedente de la base en Manta, que brindó apoyo logístico en la lucha antidrogas. No obstante, la violencia criminal aumentó por la infiltración de carteles en instituciones. La lección, dijo, es que la cooperación militar debe acompañarse de políticas sociales e institucionales.
El reto constitucional de reformar el principio de soberanía y paz
El coordinador de la carrera de Derecho en línea de la UIDE, Hernán Acevedo, recordó que la Constitución de 2008 declaró al Ecuador territorio de paz y prohibió expresamente las bases militares extranjeras.
Derogar esa norma significaría modificar un principio fundamental de la Carta Magna que protege la soberanía y la no intervención. La experiencia del Puesto de Operaciones Avanzadas de Manta mostró que su presencia no redujo el narcotráfico y sí generó denuncias de abusos y concesión de privilegios a personal extranjero.
Acevedo indicó que la consulta popular cumple con el procedimiento del artículo 442 de la Constitución. Sin embargo, advirtió que la prohibición de bases no es un artículo aislado, sino parte de un entramado mayor que orienta las relaciones internacionales hacia la autodeterminación y la solución pacífica de conflictos.
Recordó que en derecho comparado, las reformas sobre soberanía suelen considerarse rígidas y demandan consensos más amplios que una votación binaria.
El jurista señaló que un triunfo del “sí” derogararía el artículo 5, pero no eliminaría otros principios superiores de la Constitución.
Acevedo mencionó que el Estado mantiene la obligación de garantizar soberanía y rechazar la imposición de bases en territorio ajeno. Además, cualquier acuerdo posterior podría ser impugnado si vulnera derechos humanos o principios de defensa nacional. Para Acevedo, los riesgos incluyen la pérdida del monopolio del uso legítimo de la fuerza, tensiones diplomáticas y la subordinación a intereses geopolíticos externos.
Cooperación internacional con control ecuatoriano en la agenda de seguridad
Esteban Santos, abogado internacionalista, identifica un primer eje de “diplomacia interna” ligado a la visita del senador Rubio. Destaca que la canciller Gabriela Sommerfeld logró reunir en Cancillería a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca para tratar seguridad y crimen organizado.
Señala que ese encuentro alineó mensajes contra narcotráfico y terrorismo, y abrió un canal de negociación con Estados Unidos. Considera ese movimiento como un hecho relevante dentro de la coyuntura.
Santos recuerda que la Constitución de Montecristi prohíbe bases militares extranjeras y que la consulta de Noboa busca modificar ese punto. Sostiene que el crimen transnacional exige cooperación transnacional y cita la existencia de más de mil bases en el mundo.
Menciona a Australia, Alemania, España y Canadá como ejemplos y afirma que cooperación no equivale a pérdida de soberanía. Plantea que Ecuador mantenga el control sobre quién ingresa, bajo qué reglas y cómo se ejecuta cualquier operación.
El abogado ubica un segundo eje en el alineamiento regional y un tercero en el pragmatismo exterior. Cita a El Salvador de Nayib Bukele y a Argentina de Javier Milei como gobiernos con intereses cercanos a Estados Unidos, y anota que Colombia cambió esa línea con Gustavo Petro.
Resalta la agenda internacional de Daniel Noboa, con acercamientos a Washington y a Pekín, y con acuerdos con Corea del Sur, Japón, Canadá y Costa Rica. Para la visita de Rubio, prevé cooperación en seguridad y migración, y propone sumar un pilar comercial enfocado en aranceles.
Opciones nacionales para combatir el narcotráfico
Goyes planteó que Ecuador puede reforzar sus propias capacidades de seguridad. Propuso inversión en tecnología, formación especializada y coordinación interinstitucional. También sugirió políticas de inclusión social para reducir la base de reclutamiento del crimen organizado.
Reconoció que el país enfrenta limitaciones presupuestarias para implementar esas medidas. Por eso, la cooperación internacional resulta necesaria, pero dentro de un esquema global y hemisférico.
El especialista concluyó que las bases pueden aportar recursos y tecnología, pero siempre existirán riesgos de soberanía y presiones externas. La efectividad dependerá de la fortaleza de las instituciones nacionales.
El objetivo es permitir la instalación de bases militares extranjeras en #Ecuador
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- Información extra: Daniel Noboa