El inicio del año escolar en la Sierra y la Amazonía, previsto para el 1 de septiembre de 2025, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación recurrente: el alto precio de los materiales educativos; sobre todo de textos y útiles escolares. Para muchas familias, la compra de textos escolares, útiles, uniformes, zapatos, matrículas y pensiones representa una carga económica significativa, que incluso los ingresos por el décimo sueldo, como los 470 dólares promedio, no alcanzan a cubrir sin afectar el presupuesto familiar.
Un reciente estudio de la Superintendencia de Competencia Económica revela que el mercado de textos escolares en colegios particulares está concentrado en pocas editoriales, con un solo grupo acaparando la mayor parte de la venta de libros. Esta concentración reduce la competencia y mantiene precios elevados, especialmente en ciudades amazónicas, donde la oferta es limitada y los costos de los paquetes de textos pueden superar el 20 % del ingreso mensual promedio de una familia de clase media.
El alto precio de los materiales de educación es uno de los factores que inciden en la falta de acceso a la educación de niños y jóvenes ecuatorianos. El Estado debe velar por esas familias.
Si bien las editoriales sostienen que sus estrategias buscan mejorar la calidad educativa y fortalecer su presencia, el efecto colateral es claro: menor competencia y precios menos accesibles para los padres de familia. Esta situación no solo presiona económicamente a los hogares, sino que también puede convertirse en un obstáculo para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.
Ante este escenario, corresponde a las autoridades evaluar mecanismos de control o regulación que promuevan precios justos y equitativos en los útiles y textos escolares, en este regreso a clases de la Sierra y Amazonía. Entre las posibles medidas destacan la promoción de plataformas digitales de acceso a materiales educativos, incentivos para la entrada de nuevas editoriales al mercado y supervisión más estricta de las prácticas comerciales de las editoriales dominantes. No se trata de fijar precios ni control del mercado, sin embargo, los padres de familia sí necesitan apoyo y sensibilidad de las autoridades.
El objetivo no es limitar la iniciativa privada, sino garantizar que el derecho a la educación no se vea condicionado por la capacidad económica de los hogares. Una estrategia equilibrada permitirá que los estudiantes inicien su año lectivo sin que la carga de los gastos escolares se convierta en un factor de desigualdad, asegurando un acceso más equitativo a la educación en la Sierra y la Amazonía.
En definitiva, proteger a los padres de familia frente a precios excesivos no es solo una cuestión de economía, sino de justicia social y de fortalecimiento del sistema educativo nacional.