La campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre comenzó este 12 de noviembre con un riesgo conocido: que la competencia por atención sustituya la discusión sobre cómo gobernar.
Ecuador elegirá prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y también integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La cantidad de candidaturas y la brevedad de la campaña hacen todavía más necesario separar propuesta de propaganda.
El Consejo Nacional Electoral mantiene habilitada la plataforma Voto Informado, donde pueden consultarse candidaturas y planes de trabajo, y ha organizado 45 debates obligatorios para prefecturas y alcaldías. Es un punto de partida útil.
Pero un documento registrado o una intervención televisada no garantizan que la ciudadanía conozca qué pretende hacer cada postulante, cuánto cuesta, qué competencias tiene la autoridad para ejecutarlo y con qué recursos piensa sostenerlo.
Además, la escala importa. Una alcaldía no enfrenta los mismos problemas que una junta parroquial ni una prefectura dispone de iguales atribuciones. Prometer fuera de las competencias legales puede ser atractivo en campaña, pero convierte el plan de trabajo en publicidad electoral.
La campaña tenderá, inevitablemente, a mirar encuestas, tendencias y métricas digitales. Sirven para medir fragmentos de la realidad, no para reemplazarla.
Las elecciones presidenciales de 2025 dejaron una advertencia: varios sondeos y encuestas a boca de urna no anticiparon una diferencia final superior a 11 puntos en la segunda vuelta. Convertir esos instrumentos en brújula absoluta puede llevar a candidatos a hablar únicamente de aquello que parece rentable electoralmente.
Con las redes sociales aparece un problema adicional. Lo más comentado, compartido o viral no equivale necesariamente a lo más urgente. Los algoritmos jerarquizan contenidos según patrones de interacción, no según necesidades de movilidad, seguridad, agua potable, ordenamiento territorial, empleo local o mantenimiento urbano.
Una minoría muy activa puede dominar la conversación digital mientras problemas cotidianos de barrios y parroquias apenas dejan huella en una plataforma.
El periodismo enfrenta hoy una discusión semejante con la inteligencia artificial: las herramientas capaces de detectar tendencias pueden señalar temas y preguntas, pero delegar en ellas la agenda implica confundir circulación con representatividad. Para una campaña electoral, ese error sería más delicado. Un alcalde o un prefecto no administra tendencias; administra territorio, presupuesto, infraestructura, servicios y conflictos concretos.
Por eso, conocer los planes de trabajo importa, pero leerlos no basta. La conversación pública debería exigir prioridades, plazos, costos, fuentes de financiamiento, indicadores y límites legales. También debería preguntar qué problema real intenta resolver cada propuesta y a quién beneficia.
Las encuestas pueden orientar. Los algoritmos pueden detectar conversaciones. Las redes pueden revelar malestares. Ninguno sustituye recorrer una ciudad, escuchar comunidades, conocer las competencias del cargo y comprender técnicamente los problemas.
El desafío de esta campaña no es lograr que los candidatos digan aquello que mejor circula. Es conseguir que expliquen qué harán, cómo lo harán y cómo se medirá después. Porque el voto dura minutos; las decisiones de quienes ganen condicionarán cuatro años. Y una ciudad no puede gobernarse con aquello que un algoritmo decidió volver tendencia.
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