La situación jurídica del alcalde de Esmeraldas y de otros procesados entra en una etapa de definición judicial. En el marco del denominado caso Blindado, Vicko V. y otros siete investigados sustentaron recursos de apelación este miércoles 7 de octubre de 2026 en la Corte Nacional de Justicia con el propósito de dejar sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra y defenderse en libertad.
Tras escuchar los argumentos de las defensas y de la parte acusadora, el Tribunal de Apelación suspendió la sesión para deliberar de forma reservada, postergando la lectura del dictamen para una nueva fecha y hora.
Apelación a la prisión preventiva en el caso Blindado
La tramitación procesal del caso Blindado concentró la intervención del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, quien participó frente a los pedidos de excarcelación impulsados por los procesados privados de la libertad.
De manera paralela, la acusación estatal sostuvo su propia apelación respecto a dos vinculados que permanecen con medidas sustitutivas, Iván S. G. y Simón Bolívar M. S., exigiendo que se dicte prisión preventiva en su contra al considerar insuficientes la prohibición de salir del país y las presentaciones periódicas ante el riesgo procesal existente.
La situación jurídica del alcalde de Esmeraldas
Vicko V., alcalde de Esmeraldas, permanece en prisión preventiva desde el pasado 3 de junio de 2026, fecha en la que fue aprehendido en los primeros allanamientos.
Al día siguiente, la jueza anticorrupción Silvana Velasco le formuló cargos junto a otras siete personas y ordenó su reclusión. Más adelante, entre el 23 y 24 de septiembre pasado, la jueza de instrucción Daniella Camacho rechazó una solicitud formal de sustitución de medidas planteada por Vicko V. y otros seis detenidos, ratificando su encarcelamiento.
Con la audiencia de apelación de este 7 de octubre, la defensa del funcionario insistió en revertir esa resolución ante el Tribunal de alzada.
Desistimiento de recurso por orden de captura internacional
Durante la reinstalación del trámite en horas de la tarde, la parte acusadora formalizó su desistimiento del recurso de apelación respecto a un tercer procesado, identificado como Carlos Vinicio A. J.
La decisión se sustentó en que el pasado 24 de septiembre la jueza de la causa ya había ordenado su localización y captura internacional a través de la notificación roja de Interpol, luego de revocarle las medidas sustitutivas e imponerle prisión preventiva por incumplir las presentaciones periódicas.
Esquema investigado por presunto lavado de activos
Las indagaciones procesales del caso Blindado se centran en el supuesto delito de lavado de activos tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La tesis acusatoria expone que la presunta red habría captado recursos estatales mediante la desnaturalización y el abuso de garantías jurisdiccionales, utilizando acciones de protección para cobrar millonarias indemnizaciones.
El expediente fiscal señala que el dinero en efectivo se transportaba en carros blindados de seguridad para luego ser introducido al sistema económico a través de firmas comerciales y personas interpuestas, calculándose transacciones de entre 7,54 millones y cerca de nueve millones de dólares.
El alcance procesal con 18 vinculados
El expediente penal inició con ocho personas naturales y se amplió el pasado 1 de septiembre al vincularse a siete personas más y tres empresas, alcanzando un universo de 18 procesados: 15 personas naturales y tres personas jurídicas.
Entre los vinculados constan cinco jueces y exjueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un exjuez multicompetente de Atacames, un particular y tres compañías mercantiles sobre las que pesan medidas de carácter patrimonial.
Los magistrados del Tribunal de Apelación entraron en etapa de deliberación para definir si aceptan los pedidos de libertad o ratifican las medidas carcelarias.