La defensa de Aquiles Alvarez aseguró este lunes 31 de agosto de 2026 que el funcionario continúa como alcalde de Guayaquil debido a que las dos sentencias dictadas en su contra son de primera instancia y todavía no están ejecutoriadas.
“Como ninguna de las dos sentencias está ejecutoriada, la situación es prácticamente igual a la que estaba antes de que se dicten las sentencias. Él sigue siendo alcalde”, manifestó el abogado Julio César Cueva durante una rueda de prensa.
El defensor agregó que los derechos civiles y políticos de Alvarez “todavía no están conculcados porque evidentemente la sentencia no está ejecutoriada”.
La defensa de Aquiles Alvarez anuncia recursos en los dos casos
Alvarez fue sentenciado el sábado a seis años y ocho meses de prisión dentro del caso Triple A, relacionado con la distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos. Este fallo se suma a la condena de tres años emitida en el caso Grillete, por no utilizar el dispositivo electrónico ordenado en el primer proceso.
Cueva explicó que, dentro del caso Grillete, la defensa presentó recursos de ampliación y aclaración. Entre los aspectos sobre los cuales solicita información consta si se utilizó inteligencia artificial para redactar la sentencia de primera instancia.
Respecto del caso Triple A, el abogado afirmó que “Alvarez y su familia no han sido investigados por fiscales objetivos y no han sido juzgados por jueces imparciales”.
También sostuvo que la decisión judicial “no refleja lo que pasó en el juicio probatoriamente hablando”. La defensa ampliará sus comentarios y definirá los recursos legales una vez que reciba por escrito la sentencia, cuyo contenido fue comunicado oralmente el sábado.
Fiscalía calcula un perjuicio superior a 61 millones de dólares
La investigación del caso Triple A comenzó después de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel). La entidad alertó sobre una supuesta distribución y comercialización irregular de combustibles.
Las indagaciones identificaron diferencias entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. Según la Fiscalía, el presunto perjuicio económico para el Estado ascendería a 61 502 658,39 dólares, correspondiente a 22.777.191,80 galones de diésel y gasolina.
#CasoTripleA | #FiscalíaEc obtiene sentencia con penas de hasta 6 años y 8 meses de prisión, además de la clausura y disolución de las empresas procesadas.
Conoce los detalles del caso ⬇️ pic.twitter.com/L7C0OZC3Xr
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 30, 2026
El Ministerio Público sostiene que los informes periciales determinaron que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no coincide con el volumen adquirido a las empresas procesadas.
Aquiles Alvarez sigue como alcalde de Guayaquil, según su defensa; preguntas frecuentes
La defensa sostiene que Alvarez continúa en el cargo porque las sentencias dictadas en los casos Triple A y Grillete todavía no están ejecutoriadas.
El abogado Julio César Cueva afirmó que, mientras los fallos no estén en firme, los derechos civiles y políticos del alcalde no han sido afectados de manera definitiva.
En el caso Triple A, Alvarez fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por hechos relacionados con la distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el caso Grillete recibió una condena de tres años por no utilizar el dispositivo electrónico ordenado dentro del primer proceso.
En el caso Grillete, la defensa presentó recursos de ampliación y aclaración.
Respecto de Triple A, los abogados anunciaron que definirán los recursos legales una vez que reciban por escrito la sentencia que fue comunicada oralmente.
La defensa cuestionó la actuación de fiscales y jueces y sostuvo que el fallo del caso Triple A no refleja, a su criterio, lo ocurrido durante la etapa probatoria.
En Grillete también pidió que se aclare si se utilizó inteligencia artificial para redactar la sentencia de primera instancia.
La Fiscalía calcula un presunto perjuicio para el Estado de 61.502.658,39 dólares.
Ese monto correspondería a 22.777.191,80 galones de diésel y gasolina vinculados con las operaciones investigadas.