Bajo la Catedral Primada de Quito, frente a la Plaza Grande, en pleno Centro Histórico, seis locales de comida enfrentan el cierre de una etapa que marcó a varias generaciones. Son negocios familiares con décadas de trabajo continuo que recibieron una notificación para dejar los espacios en la última semana de diciembre de 2025.
La decisión altera rutinas, pone en pausa proyectos y deja en suspenso una parte del patrimonio gastronómico del Centro Histórico.
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Desahucio de los locales de la Catedral: qué recibieron los comerciantes
Los dueños explican que el aviso llegó entre septiembre y octubre. El documento dispone la entrega de los locales al término del contrato de arrendamiento y menciona el cumplimiento de la normativa.
Entre los espacios figura uno de 17,35 metros cuadrados.
La solicitud consta en un petitorio presentado por el monseñor Hugo Aníbal Reinoso Luna, representante legal del Cabildo Primado de Quito.
Los comerciantes señalan que el contenido del aviso no incluyó explicaciones sobre las causas ni detalles sobre el destino de los locales.
Una relación larga que terminó sin respuestas
Carmita, propietaria de uno de los puestos de comida, pidió reservar su identidad. Cuenta que mantuvo una relación cordial con los responsables de la Catedral durante años.
Recuerda apoyos en momentos críticos, como la pandemia y los cierres durante movilizaciones, cuando el negocio dejó de operar y recibió facilidades para regularizar pagos.
Por eso, el aviso llegó como un golpe inesperado. “No entendemos la razón”, dice.
Guadalupe Flores y la Dulcería Colonial
La historia de Guadalupe Tito Flores resume la carga humana detrás del desahucio.
Tiene 73 años y dirige la Dulcería Colonial desde hace cuatro décadas.
Relata que la notificación provocó un infarto y una hospitalización de ocho días en un hospital. Tras ese episodio, sigue un tratamiento médico estricto y retoma el trabajo con el apoyo de su familia.
Flores afirma que nadie le explicó los motivos del pedido. Firmó un documento y, después del susto, sus hijos y su esposo firmaron otros.
Para ella, el local representa una herencia que cruza generaciones: recetas que vienen del abuelo, pasan por la madre y llegan a ella.
Su hijo, tras vivir en Europa, incorporó ajustes a la receta del pernil; ella conserva el método tradicional. Asegura que no piensa irse de inmediato del lugar donde construyó su vida laboral.
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Fabiolita y seis décadas frente a la Plaza Grande
Carlos Sánchez, tercera generación del local Fabiolita, describe el impacto del aviso en un negocio con 60 años de presencia en los bajos de la Catedral. Señala que el tiempo de anticipación resultó insuficiente para una salida ordenada.
Explica que el local opera de manera formal, con personal, obligaciones financieras y mejoras constantes.
La notificación obligó a planificar liquidaciones y a acelerar un traslado que ya tenía una alternativa fuera del sitio.
Sánchez aclara que entiende la naturaleza privada del predio y que no busca quedarse a la fuerza.
Sin embargo, sostiene que un margen mayor de tiempo habría permitido una transición distinta. Advierte, además, sobre el precedente para otros negocios históricos del Centro.
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Clientes que reclaman memoria
La decisión también movilizó a los clientes. Varios expresan desacuerdo con la salida de los locales y recuerdan visitas que se repiten desde hace más de medio siglo.
Para ellos, estos puestos no solo venden comida: sostienen hábitos familiares que pasan de abuelos a nietos.
Los comerciantes coinciden en que la clientela mostró tristeza y apoyo. Muchos prometen seguirlos donde continúen, aunque reconocen que el vínculo con el lugar resulta irremplazable.
Qué aclara la Curia sobre los contratos de arriendo
Desde las oficinas de la Catedral, en la calle Espejo, entre García Moreno y Venezuela, inicialmente señalaron que en enero de 2026 difundirán un comunicado oficial sobre la situación de los locales.
Ese pronunciamiento se concretó este miércoles 31 de diciembre de 2025 a través de un comunicado del Cabildo Primado de Quito, en el que se explica la decisión de no renovar los contratos de arrendamiento
Según el Cabildo, la relación con los comerciantes se mantuvo mediante contratos escritos que concluyeron al cumplirse los plazos pactados.
En ese contexto, la administración decidió no renovar los arriendos y notificó la terminación contractual con 90 días de anticipación, conforme a lo que establece la Ley de Inquilinato.
En el documento se señala que la medida no responde a una decisión arbitraria, sino al ejercicio del derecho de propiedad cuando los contratos llegan a su fin
El comunicado también precisa que esta aclaración busca responder a versiones públicas que, según el Cabildo, no reflejan el contenido real de los contratos ni el proceso seguido para su terminación.
- Información extra: Centro Histórico de Quito