Tras casi un mes de paralización indígena en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, Ecuador ha presenciado, una vez más, un diálogo de sordos. En el mejor de los casos, este puede culminar en acuerdos coyunturales y el retorno a una tensa normalidad. No obstante, la causa estructural que subyace a la protesta y que actúa como combustible social perenne, queda intacta: la pobreza y la desigualdad social. La eliminación de un subsidio -detonante económico inmediato para el alza del costo de la vida- es apenas un síntoma de un mal crónico que el país no ha sido capaz de enfrentar en sus verdaderas raíces.
Las movilizaciones de los estratos de menores ingresos reflejan la falta de oportunidades para que una porción significativa de la población acceda a una vida satisfactoria, en un entorno de justicia social y bienestar material. La persistencia de esta fractura social evidencia el fracaso continuado de las políticas del Estado para encarar los problemas estructurales.
Existe un aparente consenso en la lucha contra la pobreza. Esta figura centraliza las prioridades de organizaciones internacionales, satura los discursos de los partidos políticos, alimenta innumerables investigaciones, informes y promesas electorales. Pese a esta unanimidad declarativa, la pobreza no disminuye o lo hace de forma marginal y temporal.
Para comprender esta incongruencia, es necesario remontarse al origen de las formas que han abordado la pobreza a nivel mundial, con un progresivo divorcio entre la lucha contra la pobreza y la lucha contra la desigualdad social.
La herencia ideológica de la posguerra moldeó políticas sociales con un objetivo explícito: alcanzar una mayor igualdad. Instituciones como la Seguridad Social y los servicios públicos estaban concebidas como herramientas para proveer derechos sociales colectivos a toda la población. Su finalidad era combatir las causas profundas de la miseria, interviniendo directamente en la esfera económica, regulando mercados, especialmente el laboral. Menos pobreza era, intrínsecamente, sinónimo de menos desigualdades.
Esta perspectiva fue progresivamente puesta en tela de juicio. La crítica neoliberal concibió al Estado Social como una gigantesca y pesada máquina burocrática que obstaculizaba la libre empresa y la eficiencia económica. Se abogaba por un Estado mínimo, no intervencionista en la economía, limitado a crear el marco legal para el desempeño de la actividad económica y la libre empresa, despojándose de sistemas universales de seguridad social o servicios públicos amplios.
Aunque esta corriente nunca se implementó de forma íntegra, su lógica permeó las políticas sociales europeas y, de manera más intensa, se introdujo en América Latina. Ecuador no ha estado al margen de esta corriente, que se ha intensificado en la última década: se aboga por la reducción del gasto público, la privatización o focalización de servicios, y la limitación de los derechos sociales.
Los efectos de esta política son bien conocidos. La riqueza a nivel mundial y Ecuador ha aumentado considerablemente, pero su distribución está cada vez más concentrada. Lo crucial es que la mira por luchar contra las desigualdades ha sido sustituida por la de reducir la pobreza de manera aislada.
La pobreza, desconectada de la desigualdad, ya no se concibe como la consecuencia directa de una distribución inequitativa de la riqueza. Se transforma en un atributo de la “población destinataria” —etiquetada como “vulnerable”— a la que se debe asistir con medidas focalizadas e individuales, a menudo condicionadas.
En el país, las medidas contra la pobreza se despliegan al margen de las políticas económicas y sociales globales, sin cuestionarlas y sin que se vean afectadas. Esto se revela de manera palpable en la supresión de subsidios a bienes esenciales consumidos en su mayoría por las poblaciones pobres (como el diésel, que afecta directamente el costo del transporte y los alimentos), mientras se mantienen o promueven “subvenciones” y exenciones a otros sectores, bajo el pretexto de impulsar el crecimiento económico.
En realidad, solo la ideología neoliberal ha promovido la fantasía de una lucha eficaz contra la pobreza sin una redistribución sustancial de la riqueza. El problema estructural, la iniquidad en la distribución del capital y el ingreso, se mantiene intacto y se agrava.
El conflicto que paralizó el país por el subsidio al diésel es la manifestación más reciente de esta falla estructural. La solución no reside en restaurar o eliminar un subsidio de forma aislada, sino en asumir la voluntad política para incorporar la redistribución de la riqueza como un eje central de la política económica nacional.
En el caso del Gobierno, la ausencia de esta voluntad se traduce en medidas de ajuste fiscal para el equilibrio macroeconómico, que recaen desproporcionadamente en los sectores más vulnerables. La protesta, por su parte, si bien legítima en sus demandas sociales de fondo, a menudo carece de una predisposición a encontrar acuerdos mínimos y estratégicos que trasciendan la coyuntura del reclamo inmediato. Lo crucial está en la construcción de un sistema tributario progresivo, el fortalecimiento de la seguridad social y el acceso universal a servicios públicos de calidad, financiados con una distribución más justa de la riqueza.
El Gobierno debe comprender que la estabilidad no se logra con la represión o el ajuste fiscal a ciegas, sino con la justicia social entendida como política de Estado. Los sectores sociales, a su vez, deben participar en la definición de una estrategia gubernamental de largo plazo. Es imperativo que los diferentes sectores del país se encaminen a la participación activa en la definición de una estrategia orientada a la redistribución, reconociendo que la lucha contra la pobreza es una batalla perdida si se ignora la batalla contra la desigualdad.