La eliminación del subsidio al diésel es impopular; pero hay medidas impopulares que son necesarias y responsables, ya que corrigen distorsiones que perjudican a todos, sobre todo a los menos favorecidos. Un paro que bloquea carreteras y afecta el abastecimiento para defender precios artificiales no es inteligente (en función del país) y tampoco es un gesto de justicia social: es la defensa de un privilegio. Y, peor aún, es una defensa que se sostiene en una narrativa que no resiste las cifras ni la ética pública.
a. La regresividad: El subsidio generalizado al diesel beneficia más a quienes menos necesitan y casi nada a los hogares más pobres, incluidos amplios segmentos indígenas. Si el objetivo es protegerlos, la herramienta pudiera ser la compensación directa y focalizada, y no abaratando la tanqueada de muchos.
b. La afectación real: El impacto en comunidades rurales no exige paralizar al país: se puede mitigar con apoyos focalizados de ser el caso.
c. El costo de oportunidad: Un dólar quemado en subsidios es un dólar menos para riego, salud intercultural, caminos vecinales, educación y seguridad. Bloquear ciudades para recuperar esa fuga fiscal es torpe por decir lo menos: la protesta agrava, no resuelve, la carencia que denuncia.
d. Los cierres coercitivos: Las amenazas y las tomas de espacios públicos vulneran derechos de terceros. La legitimidad social no se decreta cortando vías; se gana con transparencia y propuestas viables. Cuando el método es el chantaje, el resultado suele ser prebendas, como ya ha acontecido en el pasado.
e. El daño económico y ambiental: Los bloqueos afectan emprendimientos, pequeñas empresas, encarecen el precio de los alimentos y debilitan el empleo —también en territorios indígenas—. Y la quema de llantas contradice el discurso de defensa de la Pachamama. ¿Con qué coherencia se contamina y se empobrece a quienes se dice proteger?
f. Hay mejores caminos: Un pacto serio puede combinar bono temporal y focalizado a hogares vulnerables, pero para aquello no implica incendiar el país.
La política responsable opera con lógica: equilibrio entre eficacia y legitimidad. En esa perspectiva, el Estado protege a los vulnerables sin perpetuar distorsiones, y la dirigencia social defiende derechos sin violar los de los demás. Lo contrario —un paro que aparenta representar a muchos, pero busca pescar a río revuelto para conseguir y/o mantener forzados beneficios — luce, en forma y fondo, como un fraude.
La paz social no se construye bajando la palanca de la producción y de la recuperación económica; se construye subiendo el estándar de la conversación y del diálogo con inteligencia y firmeza, con sentido de país, a fin de evitar la confrontación y la paralización. Que el fin de los subsidios sea el inicio de un acuerdo superior: menos gritos en las carreteras, más cuentas claras; menos humo y más futuro.