La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, junto al retiro de Venezuela y Bolivia de la lista de países antidrogas, vuelve a mover el tablero regional y coloca a Ecuador en una situación delicada.
La certificación es un mecanismo anual del gobierno de EE.UU. desde 1986 y lo desarrolla a través del International Narcotics Control Strategy Report. Evalúa el grado de cooperación de otros países en materia antidrogas y puede condicionar asistencia y relaciones bilaterales.
¿Por qué la medida llega ahora? Los datos globales dejan poco margen de duda: la Unodc registró un aumento en los cultivos de coca en Colombia en 2023 (253 mil ha). Y calculó un salto del 53% en la potencial producción de cocaína. Eso explica la presión y las críticas desde Washington.
El impacto sobre Colombia es político y operativo. El Gobierno de Bogotá reaccionó con medidas simbólicas. Anunció menos dependencia de armamento estadounidense, lo que genera tensiones en la relación bilateral. Al mismo tiempo, EE.UU. mantiene operaciones marítimas en el Caribe para interceptar narcotransporte. El presidente Gustavo Petro emitió críticas frente a esta acción.
Para Ecuador, las consecuencias son concretas y múltiples. Primero, la amenaza en la frontera norte: provincias como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos ya registran presencia y actividades de grupos armados y mafias transnacionales. Además, la expansión de disidencias y comandos armados colombianos hacia zonas limítrofes está documentado y ha provocado incidentes violentos en suelo ecuatoriano.
Segundo, el contexto interno es grave. Ecuador atraviesa una ola de violencia con cifras históricas de homicidios. En lo que va del 2025 se registran más de 4 600 homicidios. Esto explica la extraordinaria presión sobre las fuerzas públicas y la sociedad civil.
Tercero, la dimensión diplomática y operativa: con una Colombia descertificada, Washington puede redistribuir prioridades y recursos. Eso puede traducirse en mayor atención o exigencia hacia Ecuador y más cooperación, pero también mayores condiciones y presiones políticas.
En este marco surge la Consulta Popular impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, que incluye la posibilidad de autorizar presencia de fuerzas extranjeras y revertir la prohibición de bases, un cambio constitucional que ya recibió respaldo legislativo y que se decidirá en las urnas. Ese debate sigue en el centro la tensión entre necesidad de seguridad y soberanía.
Además, hay un factor regional que no debe subestimarse. Aunque la droga que entra a Ecuador proviene mayoritariamente desde Colombia y sigue rutas hacia el Pacífico, la decisión de Washington respecto a Venezuela y Bolivia altera la coherencia política en la región. Ello puede complicar la coordinación multilateral (canales de inteligencia, intercambio judicial y operaciones conjuntas), especialmente cuando hay gobiernos con enfoques diferentes sobre cómo enfrentar el problema.
Un último punto: No es solo seguridad interna. Es geopolítica, economía criminal, presión migratoria y disputa por recursos, que colocan a Ecuador en el centro de la tormenta regional del narcotráfico.