Estados Unidos ha declarado a Los Lobos y a Los Choneros como grupos terroristas. La noticia, anunciada en Carondelet por el secretario de Estado Marco Rubio junto a Daniel Noboa, marca un punto de inflexión en la larga y dolorosa relación de Ecuador con el crimen organizado. Esta etiqueta no es solo un trámite diplomático. Es, en la práctica, la apertura de un abanico de herramientas legales, financieras y militares que Washington suele reservar para sus enemigos más peligrosos.
Para el Gobierno de Noboa, la designación es una victoria política inmediata. El Presidente lo dijo con tono desafiante: “Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca. Pero la realidad es otra”. Ese mensaje apunta tanto a los cabecillas escondidos en las cárceles como a una ciudadanía que exige resultados en medio de un país marcado por la violencia. La declaración estadounidense funciona como un espaldarazo a la narrativa oficial: la lucha por “recuperar el país” tiene socios de peso.
La reunión de Noboa con Rubio refleja un momento de mayor acercamiento entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad. Esta alianza abre puertas para una cooperación más estrecha en inteligencia, financiamiento y tecnología, aspectos que el país difícilmente podría desarrollar en solitario.
Conviene, eso sí, mirar más allá de la foto en Carondelet. La designación de terroristas a estas bandas no resuelve de inmediato el problema, pero abre una ventana de acción que puede cambiar el rumbo. El reto está en transformar esta decisión en oportunidades concretas: cortar las rutas del narcotráfico, reforzar el control en fronteras y puertos, y blindar a las instituciones frente a la corrupción. El anuncio genera expectativas altas, y allí está la responsabilidad del Gobierno: aprovechar el respaldo internacional para que la seguridad cotidiana empiece a mostrar mejoras visibles.
El paquete de apoyo ofrecido por Estados Unidos –13,5 millones de dólares en cooperación, drones para las fuerzas navales e intercambio de información financiera– representa un impulso para Ecuador.
Estos recursos fortalecen la capacidad operativa inmediata. La clave está en que el país aproveche esta asistencia para robustecer su justicia, modernizar su sistema penitenciario y consolidar instituciones que resistan la infiltración del crimen organizado. La designación de “terroristas” será tanto más efectiva cuanto se traduzca en una estrategia nacional sostenida y coherente.
También hay un ángulo político que merece atención. La reunión de Noboa con Rubio refleja un momento de mayor acercamiento entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad. Esta alianza abre puertas para una cooperación más estrecha en inteligencia, financiamiento y tecnología, aspectos que el país difícilmente podría desarrollar en solitario. El desafío será aprovechar esta relación, de manera que la ayuda internacional complemente —y no sustituya— la capacidad nacional de enfrentar a las mafias.
El paso dado por Estados Unidos es trascendental y, en la práctica, refuerza la lucha contra el crimen. La gran tarea ahora es convertir esa decisión en un alivio real para los ecuatorianos que viven bajo la amenaza de la violencia y la extorsión. Para que los barrios recuperen la paz y los emprendedores puedan abrir sus negocios sin miedo, se requieren operativos sostenidos, justicia ágil y presencia estatal en cada rincón del país.
Si el respaldo internacional se combina con acciones firmes en el territorio, Ecuador podrá empezar a desarmar el terror y devolverle a la gente la confianza en que vivir con seguridad es posible.