El regreso a clases en la Sierra y Amazonía abre una oportunidad para mirar de frente una realidad que persiste: el embarazo adolescente. Pese a los esfuerzos institucionales, las cifras muestran que aún hay un arduo trabajo por hacer para revertir la situación. En especial en las provincias amazónicas, donde se combinan falta de educación sexual, altos niveles de violencia y débil protección de derechos.
Los últimos datos de 2024 ubican a Napo con la tasa más alta de madres de 15 a 19 años. Hay 85,64 por cada 1 000 mujeres. Seguido de esta provincia amazónica está Morona Santiago, Pastaza, Sucumbíos y Esmeraldas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec). A escala nacional, la tasa es de 46,61 por cada 1000.
En niñas de 10 a 14 años, los nacimientos no se reducen de manera significativa: en 2023 fueron 1 666 casos y en 2024, 1 620. Las tasas más altas de madres en este rango de edad también se concentran en las provincias de la Amazonía.
Cada uno de estos casos constituye un delito, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Esto es un recordatorio de que la violencia sexual sigue marcando la vida de las más vulnerables.
El impacto social y económico es profundo. El embarazo, el parto y el puerperio son la principal causa de egreso hospitalario entre adolescentes de 15 a 19 años. En 2024, de 52 598 egresos, 34 670 corresponden a este motivo. Es decir, el 65,9% de las atenciones hospitalarias.
Además, el embarazo y el cuidado de los hijos son la cuarta razón por la que las adolescentes dejan el sistema educativo. Esto trunca proyectos de vida y perpetuando ciclos de pobreza.
El pasado 15 de agosto, la vicepresidenta María José Pinto reconoció que en Ecuador, 115 menores de 19 años dan a luz todos los días. La prevalencia de la desnutrición crónica infantil en madres adolescentes es más del 25%, añadió. A esto se suma a que el promedio anual de controles prenatales de nacidos vivos no supera los 10. En consecuencia, su salud y bienestar también corren riesgos.
El regreso a clases siempre será una ventana abierta para desplegar acciones sostenidas en el territorio. Y de forma prioritaria en las provincias amazónicas. Esto implica acercar la educación sexual integral a las aulas y comunidades. También reforzar la prevención de la violencia y trabajar con ahínco para que la justicia actúe frente a los casos de embarazo infantil.
Asimismo esta problemática demanda empatía y compromiso del Estado para asegurar oportunidades educativas, acceso a atención oportuna y de calidad. Es importante seguir promoviendo la igualdad de género en áreas urbanas como rurales.
El presidente Daniel Noboa habló de un nuevo modelo territorial para acercar la gestión pública a la gente. Con el retorno a las aulas se demanda más acciones concretas que protejan a la niñez y adolescencia de un problema que limita su presente y compromete su futuro.