La deuda pendiente con Orellana y Sucumbíos: el incumplimiento del artículo 41 de la Ley Amazónica
La Amazonía ecuatoriana, corazón petrolero y sostén económico del país, sigue siendo escenario de contradicciones históricas. Mientras de sus entrañas se extraen millones de barriles de crudo que sostienen gran parte del presupuesto nacional, las provincias de Orellana y Sucumbíos, continúan clamando por atención, equidad y cumplimiento de la ley.
En mayo de 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, cuyo artículo 41 establece la contratación preferencial de mano de obra local en el sector público y privado, con el fin de garantizar empleo digno y desarrollo económico en la región. Sin embargo, a más de cinco años de su promulgación, la realidad muestra un incumplimiento sistemático, generando reclamos, movilizaciones y acciones de hecho por parte de los habitantes de estas provincias. Un mandato legal incumplido.- El artículo 41 de la ley es claro: las empresas y entidades públicas que operan en la Amazonía deben priorizar la contratación de talento humano local. Pese a ello, en la práctica, los jóvenes amazónicos siguen enfrentando barreras para acceder a plazas laborales, mientras técnicos y profesionales de otras regiones son contratados en proyectos extractivos y administrativos. Este incumplimiento contrasta con el mandato constitucional, pues el artículo 11, numeral 2, de la Constitución de 2008 garantiza que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin discriminación alguna”. En la Amazonía, esta igualdad no se refleja: los habitantes de Orellana y Sucumbíos denuncian que, a cambio de petróleo, han recibido contaminación, enfermedades y abandono estatal. Salud, educación y desarrollo: una deuda social Las voces comunitarias son claras: “nos dejan enfermedades y pobreza”. En la parroquia San Carlos, cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, se han documentado altos índices de cáncer y enfermedades relacionadas con la contaminación petrolera. La situación se agrava por la ausencia de hospitales especializados, falta de médicos, medicinas y equipos modernos. En educación, la deuda es igualmente visible. No existe una universidad pública en las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos, obligando a los jóvenes a migrar a otras ciudades para continuar sus estudios. Una paradoja dolorosa: en las tierras que producen riqueza nacional, el acceso a la educación superior sigue siendo un privilegio distante. Derecho internacional y responsabilidad del Estado.- El Ecuador ha suscrito convenios internacionales que refuerzan la obligación estatal de proteger los derechos de las comunidades amazónicas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), obligan a los Estados a garantizar condiciones dignas de vida, salud, educación y trabajo.
Además, la propia Constitución del Ecuador, en sus artículos 57 y 395, reconoce los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y establece el principio de precaución ambiental, obligando a reparar daños y prevenir nuevas afectaciones.
La pregunta ciudadana: ¿dónde está la igualdad? En las calles de Coca, Lago Agrio y Shushufindi, el clamor se repite: “¿Dónde está la igualdad de derechos?”. La ciudadanía exige que se cumpla el principio de equidad territorial y que las riquezas generadas por el petróleo se traduzcan en carreteras, hospitales, centros educativos, empleo digno y bienestar social.
La falta de respuesta alimenta la percepción de impunidad y abandono. Tanto colonos como comunidades nativas sienten que los beneficios de la explotación petrolera se concentran en otras provincias, mientras en la Amazonía quedan las secuelas: contaminación, pobreza y migración. Un llamado urgente a las autoridades.- Desde esta tribuna de pensamiento, cultura y justicia, hacemos un llamado respetuoso y firme a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de control, para que fiscalicen y hagan cumplir el artículo 41 de la Ley Amazónica. No se trata de privilegios regionales, sino de garantizar el mandato constitucional de igualdad, justicia social y desarrollo equilibrado para todos los ecuatorianos.
La Amazonía no puede seguir siendo vista únicamente como fuente de petróleo. Es tierra de vida, culturas milenarias y futuro para el país. Cumplir la ley y los convenios internacionales no es una opción: es un deber ineludible del Estado y de las empresas que operan en la región. ¡Viva la Amazonía, viva el Ecuador unido y justo! Y el tiempo sigue su marcha.!
Elio Roberto Ortega Icaza