Hoy, lunes 1 de septiembre, se marca oficialmente el retorno de 1,7 millones de estudiantes a las aulas en la Sierra y Amazonía. Es un dato vasto: detrás de esas cifras están más de 6 000 instituciones educativas, 99 000 docentes y millones de familias que deben reorganizar su vida cotidiana para encajar nuevamente en la rutina escolar. Sin embargo, este inicio no es un simple calendario. Está atravesado por nuevas reglas, tensiones económicas, desafíos de seguridad y un trasfondo psicosocial que no puede pasarse por alto.
‘Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de los 200 días de clases obligatorios. Es la posibilidad de que la escuela sea, de verdad, un espacio protector y formador’.
El Acuerdo Ministerial vigente desde agosto de 2025 es, sin duda, una de las medidas más relevantes. Regula matrículas y pensiones en planteles particulares y fiscomisionales, con un objetivo claro: frenar abusos y transparentar costos. La exigencia de que las instituciones publiquen misión, visión, precios y servicios durante todo el año es un paso hacia la claridad que tantas veces faltó. El hecho de que las familias puedan comprar útiles y uniformes en el lugar de su preferencia es más que un detalle administrativo: es un alivio a la economía doméstica, golpeada por años de sobreprecios disfrazados de obligatoriedad.
Este cambio llega acompañado de medidas progresivas. Desde 2026, el total de útiles, uniformes y textos no podrá superar el valor del décimo cuarto sueldo. La norma suena lejana, pero su impacto será profundo si se cumple. El desafío será que la letra del acuerdo no quede en el papel, porque ya sabemos que la práctica suele desbordar a la regulación. De hecho, las multas que van desde 21 hasta 50 salarios básicos unificados están pensadas para disuadir a quienes insistan en viejas mañas: direccionar compras, imponer proveedores o imponer uniformes nuevos de manera arbitraria.
La seguridad también se instala como preocupación prioritaria. El despliegue de 11 442 policías en 4 765 instituciones educativas muestra la magnitud del reto. Patrulleros, motocicletas, radios y vallas se convierten en parte del paisaje escolar. Se trata de un intento del Estado por blindar un espacio que, en teoría, debería ser de aprendizaje y no de miedo. La implementación del botón de seguridad Responde Educ es una señal de cómo la tecnología busca ser aliada en la prevención. Pero conviene preguntarse: ¿bastará con uniformados y aplicaciones si no se atajan las causas de la violencia que rondan a la niñez y la adolescencia?
El regreso a clases también desnuda otro frente: los riesgos psicosociales. El listado es alarmante: violencia física y digital, acoso escolar, consumo de drogas, embarazos tempranos, e incluso casos en los que los estudiantes por razones disparejas finalizan con su existencia. No se trata de hipótesis, sino de realidades que atraviesan las aulas.
La existencia de 3 664 profesionales en los Departamentos de Consejería Estudiantil (aumentarán a 4 164) es un esfuerzo que merece reconocimiento. Pero es también una admisión de que el sistema educativo se ha convertido en un espacio donde no solo se enseña matemáticas o literatura, sino donde se debe contener un país fracturado.
Por eso, el inicio del ciclo 2025-2026 no debe leerse como un trámite repetitivo, sino como un termómetro de nuestras prioridades colectivas. La educación es el lugar donde se cruzan la economía, la seguridad, la salud mental y la convivencia. Las familias no pueden ser tratadas como simples clientas de servicios escolares, ni el Estado puede limitarse a dictar acuerdos o a desplegar operativos. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de los 200 días de clases obligatorios. Es la posibilidad de que la escuela sea, de verdad, un espacio protector y formador.