El 12 de agosto se hicieron públicos los Informes Anuales de las Prácticas de Derechos Humanos por países correspondientes a 2024, realizados por el Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que busca fomentar el respeto por los derechos humanos, reforzar las instituciones democráticas, empoderar a la sociedad civil, promover la libertad de expresión y defender los derechos de los trabajadores, reconocidos internacionalmente.
El Informe sobre el Ecuador, si bien no ofrece novedades para una persona medianamente informada, pone en perspectiva la vulnerabilidad de la vida en el país. El documento indica que existen reportes “fiables” de que el Gobierno y sus agentes cometieron ejecuciones ilegales. Además de torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles de la policía y el ejército.
De acuerdo al documento emitido por el Buró, también creció la cantidad de secuestros y extorsiones de grupos delictivos. A lo que se suma el aumento de la minería ilegal (por la subida del precio del oro), con auspicio de organizaciones criminales que animan la extracción y expansión de esa actividad ilícita en los territorios de 17 de las 24 provincias.
El descontrol estatal en el uso de la fuerza y la expansión del crimen común u organizado se dieron en 2024, mientras el gobierno emitía once declaraciones o renovaciones de estados de emergencia, dos de ellas consideradas inconstitucionales por la Corte Constitucional y otras dos de las que limitó su alcance.
Según el mismo Informe, a las niñas no les va mejor: están sometidas a matrimonios precoces y forzados en zonas rurales y pobres del país. Según la ONU, en 2023, unas 30 mil menores de edad estaban sometidas a esa situación. Como si fuera poco, existen denuncias contra las autoridades nacionales por expulsar a periodistas de salas de chat oficiales y restringir su acceso a información pública, mientras Reporteros sin Fronteras informa de amenazas, agresiones e incluso asesinatos de periodistas ecuatorianos.
Como se ha dicho, el Informe no dice nada que no sepamos, pero debería movernos a la acción. Un Estado incapaz de cuidar de la infancia, ocupado en reprimir ciudadanos y periodistas, mientras no logra controlar al crimen común ni organizado, cuestiona nuestros principios y nuestro sentido de nación.