Este septiembre de 2025, más de 1,7 millones de estudiantes del régimen Sierra-Amazonía regresarán a las aulas para iniciar el nuevo año lectivo. Lo harán en un contexto de contrastes, violencia de distintos tipos y, a la par, oportunidades.
Los retos estructurales que enfrenta el sistema educativo ecuatoriano no son nuevos, pero se profundizan en un contexto de violencia, reclutamiento por parte grupos de delincuencia organizada y carencias.
La inseguridad ha modificado el entorno escolar. Instituciones en zonas de riesgo ahora deben coordinar con las fuerzas del orden para controlar ingresos, mientras docentes y padres de familia denuncian extorsiones o amenazas. Esto no solo afecta el derecho a aprender en paz, genera deserción o ausentismo escolar, especialmente en adolescentes.
En el Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales se identificaron y priorizaron 10 riesgos psicosociales: violencia física, psicológica, sexual, digital, acoso escolar, trabajo infantil, suicidio e intentos autolíticos, desapariciones, embarazo, maternidades y paternidades tempranas, así como uso y consumo de drogas.
En esa línea, no se quedan fuera realidades como que, según World Vision, una niña da a luz cada 28 minutos en Ecuador. Estos alumbramientos están relacionados con violaciones y los responsables, en su mayoría, conviven con ellas a diario.
Los reclutamientos por parte de grupos criminales son otra realidad que empaña el regreso a clases. La Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescente, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025, refiere que el reclutamiento en planteles educativos se da a partir de los 10 años.
Según el Ministerio del Interior, Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad. Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Aunque, Pichincha no está distante de esta realidad.
Ya en agosto de 2024, Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior informó que identificaron 42 circuitos en riesgo alto. Nueva Prosperina, en Guayaquil, es uno de estos.
En esos sitios, se ubicaron, al menos, 365 unidades educativas donde se hay riesgos potenciales. Escuelas Seguras es una de las iniciativas que se aplican.
En febrero de 2025, el Ministerio de Educación presentó un diagnóstico en 28 cantones de Ecuador, que derivó en el plan de Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.
En ese análisis, por ejemplo, se reflejaron casos de violencia física, psicológica y acoso escolar. Esta última problemática, por ejemplo, registró: 1 195 casos entre 2022 y 2024; 609 en 2022; 432, en 2023 y 154, en 2024.
Los anuncios desde las instituciones deben transformarse en acciones y resultados. Se requiere seguimiento, transparencia y corresponsabilidad.
El inicio de clases debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el papel que juega la educación en la transformación social. No se trata solo de entregar uniformes o cuadernos, sino de construir entornos seguros, inclusivos y con igualdad de condiciones para los estudiantes de Ecuador.
En un país que enfrenta desafíos económicos, sociales y de seguridad, invertir en educación es más urgente que nunca. El regreso a clases en la Sierra y Amazonía no puede convertirse en un acto simbólico, es un compromiso real con el hoy y el futuro.