El regreso a clases en el régimen Sierra-Amazonía llega con retos en medio de un panorama de violencia en distintos niveles. El rol de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), para los que el gobierno abrió 500 vacantes en instituciones públicas, es fundamental. ¿Cuáles son los alcances de los equipos?
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De acuerdo con el Ministerio de Educación, Ecuador cuenta con 16 152 instituciones educativas. De estas, 12 327 corresponden al sostenimiento fiscal, donde cuentan con profesionales DECE.
Como parte del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales se han identificado y priorizado 10 riesgos psicosociales: violencia física, psicológica, sexual, digital, acoso escolar, trabajo infantil, suicidio e intentos autolíticos, desapariciones, embarazo, maternidades y paternidades tempranas, así como uso y consumo de drogas.
Regreso a clases en la Sierra-Amazonía con el soporte del Departamento de Consejería Estudiantil
En el ámbito fiscal, la Cartera de Estado da cuenta de la colaboración de 3 664 profesionales. Para septiembre del 2025 se prevé contratar a 500 profesionales, alcanzando un total de 4 164. La tarea central es el acompañamiento psicosocial a estudiantes.
El número de profesionales que conforman cada DECE varía de acuerdo con factores como el número de estudiantes matriculados, cuántas jornadas y las condiciones de acceso a la institución educativa.
Los Departamentos se implementan a escala distrital e institucional. De ahí que, no solo atienden a la institución educativa a la que están adscritos, son enlace y deben brindar acompañamiento a instituciones con menor número de estudiantes que se encuentran a una distancia de hasta 7,5 km.
¿Cuántos profesionales integran los Departamentos de Consejería Estudiantil?
El número de profesionales varía en función del número de estudiantes matriculados en instituciones unidocentes y bidocentes. Los rangos van de 1 a 25 y de 26 a 50 estudiantes.
Es así que la asignación se debe dar bajo el criterio de cobertura de hasta 450 estudiantes por cada experto.
¿Cuáles son los perfiles?
Los profesionales DECE deben contar con un título de tercer nivel técnico, tecnológico o de grado: educación, ciencias sociales, salud y bienestar. Las carreras son: psicología general, educativa, clínica, trabajo socio y afines.
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Los alcances de los profesionales están definidos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural:
- Asesorar a la institución en la implementación de estrategias para relaciones pacíficas y armónicas.
- Promover espacios dignos, participativos y seguros
- Desarrollo e implementación participativa de planes y programas de prevención de factores de riesgo individual, psicosocial, comunitario y en emergencias
- Guiar a la comunidad educativa para acciones participativas de prevención de de vulneración de derechos.
- Asesorar a la comunidad educativa para establecer acciones participativas de prevención, entre otras.
¿Cuáles son los protocolos y hasta dónde pueden actuar?
Los protocolos establecen lineamientos para docentes, estudiantes, profesionales del DECE, autoridades, familias y personal administrativo.
De ser necesario, los casos pueden ser derivados a otras instancias, como la justicia, como abuso sexual. De ahí que el principal rol de los profesionales es la detección oportuna, la activación de rutas, el seguimiento de
casos y el acompañamiento psicosocial.
¿El DECE es obligatorio en los planteles?
Desde el Ministerio de Educación refieren que lo ideal es que cada institución educativa cuente con un Departamento de Consejería Estudiantil. No obstante, reconocen que debido a la brecha existente de profesionales, esto aún no es posible en todos los casos.
Pero, la entidad asegura que, a pesar de eso, la población estudiantil recibe atención psicosocial, ya sea a través de los profesionales DECE institucionales, cercanas o distritales. Entre 2024 y 2025, se han incorporado a 673 profesionales.
Los retos aumentan en cada ciclo
En febrero de 2025, el Ministerio de Educación presentó un diagnóstico en 28 cantones de Ecuador, que derivó en el plan de Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.
En ese análisis, por ejemplo, se evidenció casos de violencia física, psicológica y acoso escolar. Este último, por ejemplo, registró: 1 195 casos entre 2022 y 2024; 609 en 2022; 432, en 2023 y 154, en 2024.
Isabel Solano, docente de la UIDE, explica que, justamente, las preocupaciones que deben atender los Departamentos de Consejería Estudiantil son complejas y multidimensionales, centradas en problemáticas psicosociales que impactan significativamente en el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes.
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Entre las más frecuentes se encuentran la ansiedad, el estrés, la depresión y los trastornos emocionales
derivados, que han incrementado de manera considerable, en parte debido a las consecuencias de la pandemia, la interrupción de las clases presenciales y las dificultades para la interacción social.
La experta refiere que esas problemáticas psicológicas no solo afectan el estado emocional de los jóvenes, sino en su capacidad de concentración, motivación y desarrollo de habilidades académicas y sociales.
No se queda fueran fuera la violencia y el acoso escolar (bullying). Estas formas de violencia pueden manifestarse físicamente, verbalmente o a través de la exclusión social.
Violencia silenciosa que se debe atender
Isabel Solano, además, hace énfasis en la urgencia de atender otro tipo de violencia menos visible, pero
igualmente dañina: la intrafamiliar. Esta repercute en el comportamiento y desempeño escolar del estudiante.
No deja de lado la violencia institucional, donde se identifican abusos de autoridad o discriminación dentro del ambiente educativo. Estas problemáticas no solo afectan a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Por eso, apunta, los DECE deben implementar estrategias individuales, grupales y hacer el seguimiento en los hogares.
Katherina Lazo, experta en Psicología, remarca la necesidad de rastrear los orígenes de las problemáticas para velar por el desarrollo de los niños, niñas y adolescencia. Es decir, conocer cómo es la dinámica familiar y del círculo que los rodea.
Para eso, la empatía y la sensibilidad para escuchar son clave. No obstante, también se requiere ir cerrando la brecha en el número de profesionales por estudiantes para que los profesionales puedan hacer los seguimientos.
En el ámbito de los derechos hay lineamientos
José Manuel Portugal, experto en Derecho, acota que los DECE pasaron de ser un espacio para apoyo psicosocial a actores de un sistema de protección de derechos.
De ahí que, menciona, deben ser el espacio de detección de las problemáticas no solo en el ámbito del plantel. No obstante, no se trata de derivar la responsabilidad a estos equipos, sino que los protocolos activen todas las instancias.
“La ruta debe aportar al accionar del Estado”, incluida la Policía y las instancias de justicia. Esto tomando en cuenta, dice Portugal, que la comunidad educativa vive la violencia de las organizaciones delictivas.
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En esta línea, los estudiantes están sujetos a reclutamiento, amenazas y extorsión. Los profesores no están libres de esta realidad.
Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad en lo que al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de los grupos de delincuencia organizada se refiere. Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.