El presidente Daniel Noboa incluyó dentro de su propuesta de referéndum la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. Según Noboa, la consulta se realizaría en diciembre de 2025, aunque la fecha todavía es tentativa porque no existe un calendario oficial definido.
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La iniciativa plantea que los magistrados puedan ser censurados y destituidos con mayoría absoluta. Esta propuesta ha generado un debate entre juristas y analistas políticos que advierten riesgos sobre la independencia judicial, la separación de poderes y el funcionamiento del sistema de control constitucional en Ecuador.
Riesgos de que la Corte Constitucional pierda autonomía frente al poder político
El catedrático de la Facultad de Derecho de la UIDE, Hernán Acevedo, explicó que la Corte Constitucional corre el riesgo de perder autonomía si se aprueba la propuesta del Ejecutivo.
Señaló que el Legislativo y el Ejecutivo responden a intereses políticos, mientras que la Corte tiene como mandato aplicar la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Indicó que esta diferencia en el rol de cada poder del Estado se vería afectada porque los magistrados quedarían expuestos a los vaivenes políticos.
Acevedo afirmó que desde 2008 la Corte ha funcionado con independencia en su calidad de órgano de cierre dentro del sistema jurídico. Enfatizó que si la Asamblea logra censurar y destituir jueces por mayoría absoluta, esa autonomía quedaría debilitada. Consideró que esta medida no protegería el principio de imparcialidad que debe caracterizar a las decisiones de los magistrados.
El temor de los jueces limitaría las decisiones de la Corte Constitucional
El abogado constitucionalista, Edison Guarango, explicó que los jueces no podrían actuar con libertad si saben que el poder político puede destituirlos.
Indicó que la independencia judicial quedaría afectada porque cada magistrado tendría presente que una resolución contraria al oficialismo podría derivar en un juicio político. A su criterio, este escenario limitaría la labor jurídica de la Corte.
Guarango destacó que las causales para iniciar un juicio político contra magistrados resultan vagas en la propuesta y eso aumentaría el riesgo. Indicó que los jueces temerían emitir fallos estrictamente apegados a derecho si existe la amenaza de sanción política.
Enfatizó que esa situación contradice el espíritu de la Constitución, que buscó que la Corte funcione al margen de presiones externas.
La inestabilidad institucional puede repetirse en la Corte Constitucional
Acevedo sostuvo que la inestabilidad que atraviesa el Consejo de la Judicatura es un antecedente de lo que podría ocurrir con la Corte Constitucional. Recordó que este órgano no ha logrado llevar adelante concursos para la designación de jueces debido a conflictos internos y cambios en su estructura. Explicó que esa falta de estabilidad ha generado retrasos en el sistema judicial ecuatoriano.
Advirtió que, de aplicarse la propuesta del Ejecutivo, la Corte Constitucional podría enfrentar un escenario similar. Indicó que la destitución de jueces por razones políticas provocaría inestabilidad y debilitaría a una institución que hasta ahora se ha mantenido firme en su rol de contrapeso.
Consideró que este debilitamiento sería un problema adicional dentro de una institucionalidad ya afectada.
La propuesta de Daniel Noboa estaría contradiciendo el principio de separación de poderes
Acevedo explicó que la separación de poderes es un pilar del Estado de derecho en democracias occidentales. Indicó que la propuesta del Ejecutivo contradice directamente ese principio porque coloca a la Corte en una situación de subordinación frente al poder político. Explicó que, en lugar de garantizar independencia, se abriría la posibilidad de injerencia directa desde el Legislativo.
Guarango añadió que la Constitución establece que los jueces de la Corte no deben estar sometidos a controles políticos.
Recordó que, si un magistrado comete un delito, la Fiscalía puede investigarlo y la Corte Nacional puede procesarlo. Señaló que estos mecanismos ya garantizan la responsabilidad de los jueces sin necesidad de un control político que afecte la independencia.
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La Corte Constitucional ha sido un contrapeso en el sistema democrático ecuatoriano
Acevedo resaltó que la Corte ha sido un contrapeso importante frente a decisiones del poder político. Mencionó que cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea, la Corte actuó con seriedad y evitó que el Ejecutivo gobernara sin límites.
Señaló que esta función de control es fundamental para preservar la democracia en Ecuador.
Agregó que la Corte también ha protegido derechos de minorías históricamente relegadas. Explicó que esas decisiones se han logrado porque los jueces han contado con autonomía para actuar sin presiones partidistas. Indicó que, con la propuesta del Ejecutivo, la capacidad de la Corte de sostener este papel quedaría debilitada.
El control político debilitaría la imparcialidad de la Corte Constitucional
El analista político, Maximiliano Donoso-Muller, señaló que los jueces de la Corte ya tienen responsabilidad legal sobre sus fallos.
Donoso mencionó que deben responder ante la justicia si existe alguna irregularidad, pero no necesitan estar sometidos a un control político adicional. Consideró que, si el Legislativo obtiene esa facultad, los fallos terminarían beneficiando al poder de turno.
Donoso explicó que la propia Corte tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta del referéndum.
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A su criterio, resulta contradictorio que el tribunal apruebe un mecanismo que ponga en riesgo su propia independencia. También advirtió que en varios países de la región se ha debilitado la imparcialidad de los tribunales constitucionales para favorecer al gobierno en funciones.
El sistema de control constitucional perdería fuerza si los jueces son destituidos por razones políticas
Acevedo indicó que la Corte Constitucional funciona como el último filtro que garantiza que las decisiones del Estado se ajusten a la Constitución. Señaló que si los magistrados pueden ser removidos por motivos políticos, ese control se vería menoscabado. Explicó que el debilitamiento de la Corte reduciría su capacidad de proteger el marco constitucional y los derechos de la ciudadanía.
Guarango advirtió que la propuesta generaría inestabilidad dentro de la Corte porque sus jueces tramitan causas de última instancia.
Dijo que, si magistrados son destituidos mientras conocen casos de gran relevancia, el resultado sería un represamiento mayor en un organismo ya sobrecargado. Indicó que esta situación pondría en duda la continuidad de procesos constitucionales importantes.
Existen alternativas legales para fortalecer la rendición de cuentas sin afectar la independencia de los jueces
Guarango sostuvo que los jueces no son intocables y que ya responden por sus actos en caso de cometer delitos.
Recordó que el fiscal general puede investigar irregularidades y que los magistrados pueden ser procesados si incurren en prevaricato. Explicó que el sistema actual garantiza esa rendición de cuentas y que, hasta el momento, no se han reportado casos de corrupción dentro de la Corte.
El abogado propuso que, en lugar de habilitar juicios políticos, se consideren reformas a leyes infraconstitucionales. Mencionó la posibilidad de ampliar las causales para sanciones administrativas o disciplinarias en la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Explicó que estos ajustes permitirían un mayor control sobre el trabajo de los jueces sin afectar su independencia frente al poder político.
- Información extra: Corte Constitucional del Ecuador