El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el pasado, 4 de julio de 2025, la controvertida ley Grande y Hermosa, que encarece de manera significativa los trámites migratorios para ingresar o permanecer en el país.
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Esta normativa, difundida ampliamente por el portal El Caribe, entrará en vigencia desde el lunes 8 de julio y afecta directamente a turistas, estudiantes, trabajadores temporales y solicitantes de asilo, justo cuando el país se prepara para el Mundial 2026.
Nuevas tarifas migratorias y cargas para solicitantes de asilo
Una de las medidas más polémicas es la creación de la Tarifa de Integridad de Visa, un recargo obligatorio de 250 dólares que eleva el precio de las visas temporales B1/B2 a $435, sin posibilidad de exención. Además, el sistema ESTA, usado por ciudadanos de países exentos de visado, también registra un alza: pasa de 21 dólares a 40 dólares por cada ingreso, de acuerdo con El Caribe.
Para quienes buscan refugio en EE.UU., el impacto es más severo. Solicitar asilo político ya no será gratuito, habrá un pago inicial de 1 000 dólares, más un cargo anual de 100 dólares mientras dure el proceso. Esto genera críticas desde organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según El Caribe, estas entidades consideran que el sistema desalienta la protección internacional de personas perseguidas.
El endurecimiento también alcanza a quienes tramitan permisos de trabajo (550 dólares) y residencias permanentes (Green Card) por 1 500 dólares.
Los beneficiarios de programas humanitarios o del TPS (Estatus de Protección Temporal) deberán cancelar entre 500 dólares y 1 000 dólares. Además, se aplicará una tarifa de 30 dólares por entrada o salida del país a través del formulario I-94.
En el ámbito financiero, se introdujo un nuevo impuesto del 1% sobre remesas enviadas fuera del sistema bancario, lo que podría impactar duramente a millones de migrantes que envían dinero a sus familias.
Donald Trump y su política de seguridad migratoria
La administración Trump justificó la reforma dentro de su política de seguridad migratoria, pero las reacciones no se han hecho esperar. Universidades estadounidenses, agencias de viaje y organizaciones civiles denunciaron ante El Caribe que los nuevos costos podrían provocar una reducción de visitantes, cancelaciones de estudios internacionales y mayor vulnerabilidad para solicitantes de protección humanitaria.
Aunque la ley HR1 ya está vigente, expertos anticipan que varios grupos interpondrán demandas judiciales por considerar que las medidas violan principios básicos del derecho migratorio y tratados internacionales.
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